El presidente Gustavo Petro fue reconocido como parte en el proceso que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos por la supuesta filtración del interrogatorio que rindió en agosto pasado Nicolás Petro Burgos, en su fallido acercamiento de colaboración con la justicia en la investigación que se le adelantaba por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
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La investigación fue iniciada de oficio y está en el despacho de la magistrada Magda Acosta, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El objetivo es determinar si el fiscal Burgos fue quien filtró a la prensa el material audiovisual del interrogatorio que rindió Petro Burgos, lo cual implicaría una falta disciplinaria por tratarse de información reservada del proceso penal que se adelanta contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
En dicha diligencia judicial, Nicolás Petro Burgos habló de personas que le entregaron millonarias sumas de dinero en efectivo a cambio de “favores”, entre los que aparecen políticos, contratistas, empresarios y hasta extraditables. También se refirió a la financiación de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República.
Los abogados del presidente Gustavo Petro Urrego radicaron una queja disciplinaria ante la Comisión de Disciplina Judicial contra del fiscal Mario Burgos, quien lidera la investigación contra Nicolás Petro.
Para los abogados del presidente, el fiscal Burgos también incurrió en una clara extralimitación de funciones durante el interrogatorio que adelantó el pasado 4 de agosto en contra de Nicolás Petro. En este sentido, se señala que varias de las preguntas planteadas se alejaron de los hechos que se estaban investigando y se buscó inculpar de una actividad ilegal al jefe de Estado.
El interrogatorio
En los primeros minutos del interrogatorio, los investigadores de la Fiscalía indagaron en las pruebas que soportaron la imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De qué forma recibió el dinero, cuánto y, en especial, quiénes se encargaron de hacerlo millonario en esa vaca que hizo en la costa Caribe, y que buena parte terminó en sus bolsillos.
Es allí que aparecen los nombres de Gabriel Hilsaca, Santander Lopesierra, Óscar Camacho, un contratista de la ciudad de Cúcuta, también un constructor de Villavicencio, además de una mujer, sin identificar, del departamento de Boyacá. Cada uno, desde su escenario, se convirtió en un “padrino” del hijo del presidente, con la misión de aportar recursos a la campaña presidencial, aunque ―él lo confesó― se quedó con parte del mandado.
De acuerdo con su propio relato y con las pesquisas de la Fiscalía, entre mayo de 2021 y finales de 2022, Nicolás Petro recibió grandes sumas de dinero que gastó a manos llenas en viajes, ropa, joyas, casas y un carro lujoso. La efímera fortuna que amasó y gastó en pocos meses alcanzó los mil millones de pesos y hoy lo tiene al borde de la cárcel.
La Fiscalía señaló que para que Nicolás Petro hubiera podido costear todos esos gastos, debía tener en su haber más de 1.450 millones de pesos. “Para 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con 280 millones de pesos, por lo que existen 1.053 millones que no son producto de su labor como diputado y, al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal y que le genere ingresos ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero recibidos en efectivo”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación.
La negociación entre Nicolás Petro y la Fiscalía finalmente se cayó, pero la confesión que alcanzó a hacer Petro Burgos ante la Fiscalía, y que fue conocida en exclusiva por SEMANA, marca la hoja de ruta para la investigación que involucra a políticos, particulares y empresarios. Esta será además una de las pruebas que se usará durante el juicio en su contra.