El pasado mes de septiembre el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, daba la noticia de la liquidación del contrato firmado en el 2011, mediante el cual se habían adjudicado 16 mil millones de pesos para construir la Unidad Materno Infantil del Hospital San Jerónimo de Montería.
El fracasado proyecto, al cual finalmente se le llegaron a destinar unos $25 mil millones de pesos, alcanzó un porcentaje de ejecución del 70% y pasados casi 11 años, nunca se puso en servicio.
«Ese materno infantil, ‘eterno infantil’, ‘lamento infantil’ o ‘tormento infantil’, desafortunadamente es una burla que se le hizo a los cordobeses de frente, en el corazón de la ciudad, también nació en el año 2011. Once años después de un ejercicio juicioso que mi gobierno destinó para hacer un análisis financiero, un análisis jurídico, un análisis técnico y poder revisar lo que allí se hallaba, tomaremos la decisión en los próximos días de liquidar eso que allí está, cerrar ese capítulo nefasto y oscuro», dijo en su momento el mandatario departamental.
Y añadió que iniciaba conversaciones con el Ministerio de Salud, para ventilar la posibilidad de que la edificación que quedó medio hecha como un elefante blanco, pudiera ser convertida en una nueva unidad de cuidados intensivos del San Jerónimo.
Sin embargo, más recientemente, trascendió que el Minsalud ahora está en proceso de evaluación de la infraestructura construida para decidir si a través de un nuevo contrato, terminan la Unidad y se destina para lo que estaba programada, es decir para la atención materno infantil.
Pero lo dramático de todo este caso es la casi que nula acción ejercida por los organismos de control para meter en cintura no solo a los contratistas responsables de los trabajos, sino a las interventorías y funcionarios encargados de sacar adelante la obra.
El proyecto se gestó durante el mandato de la gobernadora Marta Sáenz Correa, pero quienes la sucedieron solo se dedicaron a realizar adiciones y duplicar los recursos. Alejandro Lyons Muskus, Edwin Besaile Fayad y Sandra Devia Ruiz, nada hicieron para que Córdoba tuviera un centro de atención para las maternas.
Y aunque el actual mandatario, Orlando Benítez Mora ha pedido sanciones a los responsables de estos hechos, los órganos de control siguen ciegos, sordos y mudos.
Esta ampliación del Hospital, debió ser entregada en octubre de 2013, pero a lo largo de estos años solo se ha ejecutado un 70% y ha tenido seis suspensiones.
La primera de ellas el 23 de enero del 2012 y solo se reanudaron los trabajos el 15 de agosto del mismo año.
El 22 de abril de 2014 se paralizó por segunda ocasión y se retomaron labores tres días después.
Entre el 23 de mayo de 2014 y el 13 de julio de 2015 se registró la tercera suspensión de la obra. Pero la más larga parálisis se dio entre el 14 de diciembre de 2015 y el 18 de enero de 2018.
Del 28 de mayo de 2018 al 20 de agosto de 2019 se pararon los trabajos por quinta ocasión y la última se dio el 7 de octubre de 2019. Con todos estos inconvenientes era imposible cumplir con el cronograma de un proyecto que desde su gestación presentó problemas.
Pero existen aún dos situaciones que ponen aún más de manifiesto el nulo papel de los organismos de control, a la hora de defender y recuperar los dineros públicos, al punto que parecen actuar más de “cómplices” o “convidados de piedra” al espectáculo del raponazo de los corruptos.
Uno es el hecho de que el representante legal del Consorcio Unidad Materno Infantil, a quien le fue adjudicada la obra, Leonardo Jalil David Ordosgoitia, uno de los grandes contratistas en Córdoba y Sucre, fue capturado el 11 de mayo del 2017, por presuntas irregularidades en un contrato de recuperación de playas en los municipios de Coveñas y Tolu, (Sucre).
El polémico contrato fue adjudicado en octubre del 2013 entre César Serrano Romero, exalcalde de Coveñas y el consorcio Playas Tolú- Coveñas, integrado por los ingenieros Javier Eugenio Mizger Pacheco y Leonardo Jalil David Ordosgoitia; el contrato fue firmado por $14 mil millones para Tolú y Coveñas, pero estuvo lleno de inconsistencias y retrasos.
Leonardo David estuvo un año con prisión domiciliaria y en el 2018, recuperó su libertad luego de que el Juez Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo ordenara suspender su detención.
En agosto del 2013, la Contraloría de Córdoba adelantó una auditoría, cuya investigación sin embargo nunca prosperó, donde demostró que al mencionado consorcio le giraron un anticipo de $6.100 millones de pesos, a los 5 días de haberse firmado el contrato en diciembre del 2012.
Y resulta que en enero del 2013 ya habían paralizado las obras. Y a junio de 2013, aún no tenían los soportes ni facturas que demostraran en qué habían invertido los más de $6 mil millones de pesos que se les había girado en el anticipo.
Pero nada raro que esto ocurriera porque Gian Carlo Avena Corrales, representante legal del Consorcio Interhospital, que actuó como interventor del contrato, estuvo inmerso en una investigación por responsabilidad fiscal cuando con su firma Ingeobras SAS, realizó contrato de interventoría en el municipio de Ciénaga (Magdalena) en el contrato 274, también por irregularidades.
Y, a este panorama se suma, una situación que corrobora aún más, el sospechosamente nulo papel que ha jugado la Superintendencia Nacional de Salud frente a estas anomalías, ya que el hospital está intervenido de manera forzosa desde el primero de febrero del 2019.
Si desde ese año se encuentra el Hospital San Jerónimo, bajo la administración de la Supersalud ¿por qué no se hizo algo para remediar este elefante blanco?
Han pasado once años, sin que a nadie le interese las no menos de 15 mujeres que cada año mueren en Montería durante su estado de gestación. De hecho Córdoba está entre los seis departamentos con la tasa más alta de mortalidad materna en Colombia.
Ahora se anuncia la inyección de “nuevos” recursos para intentar sacar avante esta obra, y dejar sin castigo a los responsables del saqueo a los dineros de la salud.
Tomado de Corrupción al Día