El informe ‘Todo pasó frente a nuestros ojos. Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002′ del Centro Nacional de Memoria Histórica tiene 4.153 registros de militantes de este partido asesinados, desaparecidos y secuestrados. Sus victimarios fueron sicarios a sueldo y paramilitares que tenían una estrecha alianza con agentes del Estado, principalmente personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Por eso, están compareciendo algunos funcionarios del desparecido organismo de inteligencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto con el compromiso de aportar a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.
Sin embargo, el panorama es incierto porque los aportes han sido mínimos, y dos de sus principales protagonistas así lo han evidenciado.
Por un lado, el general (r) y exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, se negó a comparecer ante la Justicia Transicional bajo el argumento de tener derecho a guardar silencio. Por otro lado, el mayor (r) José Del Carmen Mansilla García, exdirector del DAS seccional Antioquia, durante más de 10 horas, negó todo y recurrió constantemente a la excusa de no recordar ninguno de los hechos por los cuales se le pregunta.
Los siguientes son algunos apartes de la versión voluntaria que ha hecho Mansilla García dentro del caso 06, ‘Victimización de Miembros de la Unión Patriótica’. Dicho caso lo preside el magistrado relator Gustavo Salazar, quien luego de contextualizar los hechos, le preguntó en un primer momento si desde la dirección de la seccional Antioquia del DAS se ordenó hacer seguimiento a miembros de la Unión Patriótica.
Durante la diligencia, el magistrado Salazar presentó una serie de documentos firmados por José Mansilla García, entre 1988 y 1990. Allí, el exfuncionario asignaba esquemas de seguridad en Antioquia a militantes de la Unión Patriótica, quienes posteriormente fueron asesinados. No obstante, el compareciente aseguró que no se trataba de su firma y dio a entender que fue suplantado.
El exdirector seccional del DAS Antioquia dijo constantemente y durante el interrogatorio que no recordaba nombres y hechos relacionados con lo que estaba ocurriendo con los miembros de la UP.
También dijo que por esa época eran víctimas de una cruenta persecución. Por momentos parecía que estuviera en un mundo aparte, pese a tener semejante responsabilidad en uno de los departamentos con los más altos índices de violencia. Muestra de ello fue cuando sorprendió al magistrado con su respuesta al momento de ser indagado por la situación que se vivía horas y días después de ser asesinado el dirigente político Luis Carlos Galán.
Antes de finalizar la primera sesión, el representante del Ministerio Público, el procurador Luis Antonio Marín, le reprochó la falta de compromiso con las víctimas.
La principal revelación se dio en la segunda sesión, cuando el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, presentó una de las tantas fichas que elaboraba el DAS para perfilar a los miembros de la Unión Patriótica. Un ‘kardex’, para ser más exactos, en el que se vinculaba a los miembros de la UP con grupos guerrilleros, como el caso del diputado Gabriel Jaime Santamaría, asesinado en 1989.
El magistrado le insistió a José Mansilla García, por segunda vez, si como director seccional del DAS Antioquia conoció de estos ‘kardex’.
Posteriormente, y tras confesar que sí conoció de estos hechos pasó de victimario a víctima, aseguró que fue utilizado y que actuó de buena fe, que su gestión fue transparente y que no tenía acceso a mucha información. Insistió una y otra vez que los informes de seguimientos eran manejados directamente entre la dirección nacional del DAS y la sección de inteligencia de la seccional de Antioquia.
La versión voluntaria de José Mansilla García continuará el próximo 13 de diciembre, sin embargo los representantes de las víctimas, al igual que el representante de la Procuraduría, esperan que el compareciente aporte a la construcción de la verdad, porque hasta el momento no están conformes con sus declaraciones, a veces imprecisa y supuesta amnesia.