¿SABE USTED QUÉ HAY DETRÁS DEL TIRA QUE JALA ENTRE BENEDETTI Y ABUDINEN?

Aunque pretenda parecerlo por la aparente inocencia y candidez de su rostro, casi infantil que no fue precisamente la cualidad que le apreciaron a Karen Abudinen cuando estuvo en Bienestar Familiar, la ex Ministra de Tecnologías de la Información (MINTIC) es una veterana en asuntos de contratos y de trabajos de alta dirección en organismos especializados internacionales tales como el BID, donde conoció al actual presidente Iván Duque, y nacionales como el citado ICBF donde según algunos medios llegó de la mano de la esposa de Juan Manuel Santos, y Clemencia Rodríguez directora de la fundación Nu3, la que se inventó el día previo al pedido de retiro de la Ministra la llegada de un misterioso meteorito con algunas jeroglíficos que pretendían, después de la develada del cuento, anunciar la construcción de un edificio.

Los tejemanejes de la política también los ha vivido Karen Abudinen desde adentro. Durante su periodo en la Alcaldía de Barranquilla, Elsa Noguera la nombró Directora de Gestión Social indicando Abudinen en su página web que lideró programas «desde la primera infancia hasta el adulto mayor y trabajar de la mano de un equipo interdisciplinario por las poblaciones más vulnerables. Potenciar al ser humano promoviendo su proyecto de vida, integrando a su familia y a su comunidad fue el objetivo de programas como Jóvenes PRO, la Fiesta BiBa, la Fiesta de la Vida, Mujer Barranquillera Autónoma e Infancia de Primera».

Dice que estos fantásticos programas con tan atractivos nombres y maravillosas intenciones la potenciaron para ser directora de primera infancia del ICBF. 

Suerte que tienen algunas personas para conseguir puestos oficiales. No hay que realizar sesudos estudios para llegar a la conclusión que estos programas no lograron ninguna repercusión ciudadana a la luz de los graves problemas sociales en sus respectivas áreas que maneja actualmente Barranquilla y; seguramente dirá la doctora Abudinen en su defensa, que ella no tiene la culpa que no les hayan dado la continuidad requerida echando culpas y responsabilidades al entrante alcalde –por segunda vez- Alex Char. 

Lo cierto es que tras su periplo en Bogotá, fue llamada nuevamente a Barranquilla por sus jefes políticos para trabajar en 2016 en la alcaldía de Alex Char como Secretaría de Educación, toda una escuela de contratación pública con múltiples implicaciones en diversas áreas. Si no aprende allí del tema no aprende en ninguna parte por lo que fuentes confiables señalan que fue una verdadera esponja dispuesta a un aprendizaje asimilando todos sus procesos internos y de lo que de ellos se derivan. Contratos y más contratos.

La mantenían en salmuera –alimentada por los medios locales afectos al establecimiento- con la promesa que sería una de las elegidas en el rol de sucesión –en eso se ha convertido esa elección- de la Alcaldía de Barranquilla hasta que fue nombrada en un cargo fantasmón del gobierno en Bogotá, sin ninguna utilidad institucional ni práctica, como Alta Consejera de las Regiones. Allí fracasaron de forma aparatosa sus coterráneos Alex Char y Samuel Azout. Nada menos.

Pasa por diversas dependencias del ICBF hasta su posesión como directora de los años 2017 a 2018. De allí pega el salto a Ministra de Tecnologías de la Información donde aparece con un bagaje de experiencia en manejo de contratos, dirección administrativa y el seguimiento de políticas públicas. Inmune; pues, en apariencia a torceduras, ineptitudes y costosas omisiones avaladas por su grado de abogada y una maestría al respecto en una universidad norteamericana.

No se sabe en realidad tras los sucesos posteriores ciertamente vergonzosos de una licitación vital para la educación y la conectividad de regiones cuánto aprendió realmente en su paso por las universidades pues después de una citación al Senado a una moción de censura dio declaraciones en donde prometió denunciar por injuria y calumnia a varios senadores desconociendo una regla básica del derecho constitucional en cuanto a control político: el fuero parlamentario que es la prerrogativa de sus integrantes de blindarse con inmunidad de enjuiciamiento por sus conceptos y opiniones.

La doctora Karen no lo sabía, vea usted y días después del exabrupto le tocó rectificar y señalar que «desistía de su improbable acción».

Con el escandalo a cuestas seguía tratando de justificar su actuación, previamente advertida además por diversos medios de comunicación y analistas, con la idea que era inocente y fue víctima de un perverso engaño reivindicando su condición de barranquillera en un tono de martirologio digno de encomio.

Pero es que los demás integrantes también eran barranquilleros o se encuentran residenciados en esa ciudad. Sus jefes políticos y padrinos también y de colmo; para ajustar las cargas de la buena fama que carga la otrora puerta de oro de Colombia en el sentido de ciudad en donde la corrupción es el pan de cada día, su contrincante en los últimos días, el recién converso a la izquierda petrista senador Armando Benedetti, también es de allí.

Como para una comparsa carnavalera. El problema fundamental es que éste último aparece cuando todo “consumatun est”, con contrato otorgado y dinero repartido a los socios de la empresa Unión de Centros Poblados de la cual se dijo con justeza de causa que desconocía los intríngulis del negocio de la tecnología de redes de comunicación, la ministra “retirada” por la quemazón que estaba provocando en el gobierno de Duque –aunque ella insiste en que renunció- y un contrato al que se le declara, como si fuese un triunfo después de pitos, la caducidad, adviertiendo que estaba en plan de recuperar los $70.000 millones dados sin ninguna prevención.

El 29 de septiembre la periodista Pao Herrera, de La W Radio, tras incoar un derecho de petición de información, trinó en las redes que hasta este día no se había recuperado un solo centavo de tan fantástica cantidad. Después de ese dato no hay cuentería exculpadora que valga: se hizo el tumbe y este sigue con plena vigencia.

Pero ojo, antes de estos hechos aparecen lobbystas recomendando una empresa norteamericana según la exministra Abudinen, entre los cuales se encontraba Armando Benedetti, Pachito Santos, ex embajador del país en USA y el mismo embajador de este país en Colombia. Según Pachito, actuaba en ejercicio de una de sus funciones. El embajador de USA se encuentra en su derecho de abogar por los empresarios de ese país.

¿Y Benedetti que pinta en ese panorama? Un senador cuestionado, polémico, con varias investigaciones fallidas en otros sonados casos pero vinculado, en el momento de la llamada petitoria, a la oposición. Raro e insólito, pues usualmente los altos funcionarios del estado colombiano escuchan y entran en conversa sobre aspectos de contratos con políticos vinculados a sus colectividades y no  precisamente entran en minucias y minutas con los que se encuentran en el otro extremo, en oposición manifiesta al gobierno.

Es extraño por donde quiera que se mire el caso. ¿Qué obligación tenía Abudinen si lo que dice es cierto, con cumplir o seguirle las recomendaciones a Benedetti? 

La respuesta es: desde que la doctora Abudinen entró en el juego de inconducente llamada generando una polémica sobre si recibió una llamada o no el senador Benedetti para plantearle la cesión del contrato de conectividad, enfocándose en los aspectos accesorios para impedir observar el verdadero panorama principal. Benedetti se defiende e indica que él si la llamó para solicitarle, en aras del control político ya que él pertenece a la comisión de temas electorales, porque Abudinem pretendía suplantar las funciones de la Registraduría Nacional dando capacidad de certificaciones electrónicas al sistema bancario. 

Otro entuerto de los tantos que pasaron en el Mintic como se ve. Donde nadie vio ni cuestionó que por allí se encontraba Emilio Tapia, harto conocido en la estafa conocida como el Carrusel de la Contratación en Bogotá en el 2010. Allí en ese infausto negociado en donde esquilmaron finanzas de la capital estuvieron entre otros el contratista Alejandro Botero, el empresario Julio Gómez y el abogado Emilio Tapia –el socio de Centros Poblados- quienes lideraban una mafia “dueña” y señora de los contratos de construcción valorizados en $289.000 millones. Por ese affaire cayeron el senador Iván Moreno, el alcalde Samuel Moreno y el poderoso grupo empresarial Nule.

Regresemos al 2021. Toda la plana mayor del Mintic era originaria de Barranquilla, de entera confianza de la ministra y como señaló el representante David Racero en el debate de la moción de censura en la Cámara, todos pertenecientes al grupo político Char de esa ciudad.

Curioso entonces que sea el senador Benedetti, que nunca ha tenido vínculos políticos con ese sector (en los últimos años fue miembro prominente del Partido de la U y en calidad de tal presidente del Congreso y su reciente vinculación al proyecto Pacto Histórico) así que resulta, usando la lógica dentro de las coaliciones y colaboraciones entre el gobierno y el congreso –incluida la mermelada- inexplicables esas prebendas lobbystas que le adjudican a Benedetti el poder de trastornar un cuestionado contrato que además se encuentra en el ojo del huracán de un escándalo nacional.

Esa es la acusación básica de Karen Abudinen que evidentemente desvía los diferentes procesos jurídicos que se inician con su llegada al Ministerio con el obvio direccionamiento del contrato tan cuantioso –más de un billón- a un grupo de contratistas ignaros que enseguida meten pólizas falsas y salen con la velocidad de un jet a depositar los recursos en empresas fantasmas al paraíso fiscal de Delaware, USA. 

Podría argumentarse con la célebre frase del Chapulín: “todo estaba fríamente calculado” incluso, con la garantía por el control de estos sectores políticos de las llamadas IAS (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) la total impunidad hasta que se les atravesó una periodista en su derrotero que les trastorno el ideario soñado de tranquilidad y aquí no ha pasado nada que siga la fiesta.

Allí es donde aparece como presunto responsable el senador Armando Benedetti. Y hacía allá se dirigen los medios de comunicación que se encuentran previamente dispuestos a cumplir la función de echar un piadoso manto de sombra, de humo, sobre los verdaderos autores intelectuales del complot para apoderarse de los recursos girados en donde por supuesto se sospecha que hubo el consabido reparto de coimas del 10% y la aceitada a funcionarios del Mintic y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica según informaciones filtradas a diversos medios.

Hay unos curiosos instantes casuales de Karen Abudinen y Armando Benedetti pues la Barranquilla de las oligarquías, de la “gente bien”, la de los altos ingresos, el control político y territorial, todos de alguna u otra forma se encuentran relacionados o se conocen.

Abudinen fue directora del ICBF del 2017 al 2018. Diversas fuentes señalan que su reemplazo en esa institución de 2018 a 2020, Juliana Pungiluppi Leyva, llega a esa posición como cuota política ante el gobierno del senador Armando Benedetti. La relación del senador con el gobierno de Iván Duque fue de tal magnitud que en una de las tantas visitas del presidente a Barranquilla, en 2019, acudió a los fastos de un almuerzo donde acudieron personajes de la vida local en el apartamento penthouse dúplex de Armando Benedetti Jimeno, padre del senador, en el barrio El Golf.

Benedetti hijo sostenía una agría polémica con el entonces Fiscal de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira en torno a acusaciones que lo sindicaban de pertenecer a un grupo de presión de senadores para favorecer el tramo Ocaña-Gamarra de la cuestionada Ruta del Sol de Odebretch, uno de cuyos propietarios es la empresa Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de quien Martínez Neira era abogado y además asesor.

La prensa, alentada por el diario El Tiempo, también propiedad de Sarmiento, bautizó a este grupo de senadores como “Los Bulldozers”. Benedetti ripostó llamado a Martínez Neira «rufián y bandido».

La pelea con ribetes personales se zanjó con una posterior cena en un restaurante de Bogotá en donde se garantizaron cese de hostilidades de parte y parte. Tiempo después saldría por la puerta trasera del ministerio Martínez Neira y, en apariencia, el asunto era una de las tantas escenas de la farándula política en torno a los procesos de acusaciones sobre corrupción. Hasta allí aparentemente llegó la cosa, pero a inicios de este año, cuando ya era evidente que Benedetti se encontraba en la oposición verbal nuevamente se despachó contra el ex fiscal Martínez. 

Hace cambio de ideario y sale presto criticando –junto a Roy Barreras- al partido de la U solicitando de una el ingreso al Pacto Histórico –el proyecto de ensamblaje de un candidato de las izquierdas a la presidencia en torno a la figura de Gustavo Petro- en donde se vuelve ferviente propagandista y militante. Es allí donde aparece nuevamente su juez natural, la Corte Suprema de Justicia en un proceso de investigación por lavado de activos.

Previamente, en octubre de 2017 fue acusado de corrupción por su archienemigo el abogado Jaime Lombana –pleito que surge de un problema familiar- asegurando que este se había apropiado de dineros del Fondo Financiero de Proyectos para el Desarrollo (Fonade).

La denuncia la recepciona la Fiscalía General de la Nación manejada por Néstor Humberto Martínez Neira y a sabiendas que carecía de competencia de investigación sobre el caso lo pasa a la Corte Suprema de Justicia con una compulsa de copias sobre la posible participación en el escandalo conocido como el “Cartel de la educación en Córdoba” que entre 2008 y 2009 desfalcó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de este departamento.

Al final las investigaciones no llegaron a ninguna parte.

En marzo 11 de 2021 le aparece otro proceso a Benedetti ante la Corte Suprema de Justicia. La investigación preliminar, manejada por otra enemiga del senador, la magistrada Cristina Lombana, indica que habría aumentado su patrimonio en “forma inexplicable” en al menos $3000 millones abriéndole proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

El 6 de septiembre diversos medios en Colombia –Benedetti le dio carácter de certeza- anunciaron una posible orden de captura en su contra indicando el acusado que se entregaría en la Fiscalía de Barranquilla para hacerla efectiva. Al final tales hechos no se dieron y Benedetti siguió en su labor proselitista con el candidato a la presidencia Petro. 

Tras bambalinas, en relación con la participación en calidad de lobista en el caso de Mintic y su recomendación de cesión del contrato, se sabe que tras la salida aparatosa de Karen Abudinen, retirada ominosamente en medio de la creación de verbos con su apellido, postales tuiteras en donde aparecía con congoja y llantos, se frustra –por lo menos en el marco de la ética política aunque eso carece de la menor importancia en estos grupos de poder- su posible aspiración a la Alcaldía de Barranquilla en donde tenía, anunciado en diversas declaraciones, como contrincante precisamente a Armando Benedetti, esta vez en calidad de candidato del Petrismo en una ciudad en donde esta corriente política ha ganado las últimas elecciones.

Si llegara a ocurrir el triunfo hipotético de Benedetti se quebraría el proceso de sucesiones en la Alcaldía de Barranquilla, atrincherado y fortalecido con procesos cuantiosos de relaciones públicas mostrando las maravillas de un modelo que lleva 3 periodos consecutivos, que ya logró apoderarse de la gobernación del Atlántico y tiene 7 miembros en el Congreso. Además de cuotas administrativas en otros Ministerios, como el caso del de Salud en donde Luis Eduardo Moscoso, ex Secretario de Salud de Alex Char, ostenta el cargo de viceministro.

Para algunos analistas, la salida bochornosa de Abudinen del Mintic donde seguramente le garantizaron que nada pasaría y que podría tener absoluta confianza en el entramado Unión de Centros Poblados conformado por delincuentes, mostraría que la monolítica situación empieza a resquebrajarse. En medio de las olas de rumores en prensa y redes sociales –corrupnet- se aseguró hace varios días que el estructurador del proyecto fue otro delincuente confeso, Guido Nule Marino, cuñado de Alex Char.

Guido Nule, en tono avergonzado, sacó un comunicado desmintiendo el aserto y maltratando como “indeseable” a uno de sus antiguos cómplices de la aventura del Carrusel de la Contratación en Bogotá, el abogado Emilio Tapia. 

El corolario de la historia es que estos grupos enquistados en la corrupción de contratos administrativos hacen los que les da la gana sin ningún problema pues no hay autoridad judicial, ejecutiva ni de control que les haga seguimiento ni los frene en seco tal como taxativamente la señala la constitución y la Ley 80 de Contratación estatal en su artículo 8:

DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR. 1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución.

Resulta entonces que en el contrato de Mintic con Unión Centros Poblados, y esto es responsabilidad de la ministra y su equipo jurídico, estaba viciado de nulidad desde el principio pues Emilio Tapia, uno de sus socios –que debe tener un poderoso padrino político- logró la hazaña que teniendo las condiciones indicada en el art. 8 de la Ley 80 se le adjudicará. Benedetti en este proceso es una anécdota final realizando un supuesto loby –esa es la acusación- para favorecer a una empresa norteamericana y este dice que llamó a la doctora en derecho Abudinen en uso de su control político por tratar esta de usurpar funciones de una dependencia del estado para dársela a los bancos. 

Así van las cosas en corrupnet en donde todo se vale. Pero del billete desaparecido y de los verdaderos responsables del entuerto del contrato solo aparecen humo, sombras, telarañas, camuflaje y mimesis. 

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