La continuidad de la asistencia humanitaria en el lugar de retorno, de forma diferencial y sostenida, será uno de los puntos fundamentales que buscarán acordar las autoridades con los indígenas y campesinos del Alto Sinú asentados en Montería en calidad de desplazados para lograr su regreso al resguardo.
El análisis de ese tema y otras acciones se desarrollarán la próxima semana cuando sesione el Comité de Justicia Transicional Ampliado convocado por la Gobernación de Córdoba.
Se busca garantizar que todas las partes cumplan los compromisos suscritos, entre ellos, la continuidad de la asistencia humanitaria en el lugar de retorno, garantías de respeto de derechos humanos, entre otros.
«Además del acompañamiento que hemos brindado, realizaremos jornada de recepción de quejas en Tierralta. Así mismo, recogeremos las solicitudes para elevarlas ante las entidades correspondientes y adelantaremos una brigada de atención en DDHH posterior al retorno», dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que preside la mesa.
En el acompañamiento permanente y en terreno de la Defensoría del Pueblo se ha podido establecer que fueron 2.181 personas desplazadas las que llegaron a Montería (647 familias), de las cuales 2.019 son indígenas y 162, campesinos. De la población afectada, 1.059 son niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Entre las entidades reunidas buscando solución al problema, se reunieron en la mesa de diálogo las autoridades indígenas y campesinas del Alto Sinú, voceros de la Unidad para las Víctimas, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, ICBF, Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Tierralta y Alcaldía de Montería.
«Además del acompañamiento que hemos brindado, realizaremos jornada de recepción de quejas en Tierralta. Así mismo, recogeremos las solicitudes para elevarlas ante las entidades correspondientes y adelantaremos una brigada de atención en DDHH posterior al retorno», puntualizó el Defensor del Pueblo.
Tomado de Gsnoticias