REFORZAR AL PODER MORAL

Por: Jaime Burgos Martínez – Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.

Simón Bolívar el Libertador, el 25 de febrero de 1819, en el discurso que pronunció en el Congreso de Angostura, se refirió al modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra habían dado, con la invención de un Poder Moral, inspirado en el «fondo de la oscura antigüedad y de aquellas olvidadas leyes que mantuvieron algún tiempo la virtud entre los Griegos y Romanos [el Areópago de Atenas, los Censores romanos y el sistema de educación de Esparta]».

Este Poder Moral, con el propósito de controlar potestades absolutas e ilimitadas, se materializó en el artículo 100 de la Constitución Política de 1830, al instituirse así: «El Ministerio Público será ejercido por un agente del Poder Ejecutivo con el título de Procurador General de la Nación, para defender ante los Tribunales y Juzgados la observancia de las leyes y promover ante cualesquiera autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, los intereses nacionales y cuanto concierna al orden público».

Con el tiempo, esta misión de la Procuraduría General de la Nación ⸺y otras que le han sido agregadas⸺ la ha cumplido, y, además, ha servido de contrapeso a los excesos y abusos en el ejercicio de funciones públicas, en un país en que se debe mantener el equilibrio entre ética y política, con la corrupción a galope tendido; por lo que, a pesar de los defectos de que hoy adolece, se debe pensar en reforzarla y no en debilitarla, y mucho menos suprimirla.

De tal manera que es oportuno hacer conocer sus tareas, como órgano de control ⸺autónomo e independiente de los tres poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)⸺, conforme a la Constitución Política de 1991. Pero antes ha de entenderse que, según el artículo 118 ibidem, la Procuraduría General de la Nación, junto con la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, ejerce de Ministerio Público, cuya existencia es funcional y no material o física en la estructura u organización del Estado colombiano, para «la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas».

Así que la Procuraduría, como suprema directora del Ministerio Público, además de la función disciplinaria (vigilar el correcto ejercicio de funciones públicas), que siempre ha sido su función esencial; tiene las de alertar antes que sancionar, denominada preventiva, para advertir cualquier acto o hecho que constituya una posible violación normativa, sin que se entienda coadministrar; la de intervención, en calidad de agente del Ministerio Público y de sujeto procesal especial, en los procesos que se tramitan ante las distintas jurisdicciones reguladas en la Constitución y en la ley; y la de conciliación extrajudicial sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico, en términos generales, de los cuales puedan conocer las jurisdicciones administrativa, civil y laboral.

Por ello, cuando escucho gritos de que ¡a la Procuraduría la deben acabar!, pienso, en defensa de la institucionalidad, que son expresiones motivadas, con informaciones a medias, por estados emocionales y retaliativos, o por coyunturas políticas. Si a esta entidad la llegasen a debilitar en su competencia, privándola de vigilar la conducta de los servidores públicos de elección popular, habría que, previo examen de su planta de personal y estructura funcional, considerar reforzarla; por ejemplo, con la asunción del ejercicio de las actividades disciplinarias que tienen a su cargo las oficinas de control interno disciplinario de los distintos organismos del Estado y las personerías municipales, que, para nadie es un secreto, no cuentan con elementos eficientes para investigar y, sobre todo, carecen de imparcialidad ⸺por el frecuente tráfico de influencias y la descarada imposición jerárquica⸺ en el trámite y resolución de los respectivos procesos. De ahí que sea vigente la idea bolivariana de que la moral es fundamento necesario para la democracia; y, para ello, hay que reforzar, y no acabar ni debilitar, a la Procuraduría General de la Nación, que es baluarte nacional.

Bogotá, D. C., julio de 2022