Esta semana salió a la luz pública un análisis de una empresa de defensa de los derechos de los consumidores en el que indica que la farmacéutica estadounidense Pfizer, que fue una de las primeras empresas en desarrollar una vacuna contra la covid-19, utiliza el poder que le ha otorgado este desarrollo médico para “silenciar a los gobiernos y maximizar las ganancias”.
La entidad Public Citizen, que tiene su sede en Estados Unidos, analizó los contratos que Pfizer hizo con Brasil, Chile y Colombia, entre otros países. “Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo”, explica la publicación.
En el caso de Brasil, la entidad reveló que las autoridades tienen prohibido hacer “cualquier anuncio público” sobre los términos del acuerdo sin tener permiso de Pfizer; de igual manera, la farmacéutica le prohibió al Gobierno de ese país hacer o recibir donaciones de su vacuna.
De igual manera, la farmacéutica le pidió a cuatro países que “indemnicen, defiendan y mantengan indemne a Pfizer” de cualquier tipo de demandas, daños y costos relacionados con la propiedad intelectual de la vacuna, manifiesta el informe.
En otro aparte de las revelaciones se puede conocer que “si otro fabricante de la vacuna demanda a Pfizer por la infracción de patente en Colombia, el contrato requiere que el Gobierno colombiano pague la factura”.
Por otra parte, de llegar a haber disputas contractuales entre la empresa y alguno de los gobiernos, Pfizer indica que se deben resolver en secreto por árbitros privados y no en las cortes públicas.
Los contratos con Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana y Perú también incluyen una cláusula en la que los países “expresamente e irrevocablemente renunciana cualquier derecho a la inmunidad que ellos o sus activos pueden tener en el futuro”.
Al respecto, la portavoz de Pfizer, Sharon Castillo, declaró que la compañía “no ha interferido y absolutamente no tiene intención de interferir en cualquier activo diplomático, militar o cultural significativo de cualquier país”, citó The Washington Post.
Otra de las atribuciones que tiene la empresa es que puede cambiar la fecha de suministro de la vacuna. “En virtud de la gran mayoría de contratos, los intereses de Pfizer van primero”, indicó Public Citizen, que además agregó que “el dominio de Pfizer sobre los países soberanos plantea desafíos fundamentales para la respuesta a la pandemia”.
El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), que distribuye y vende la vacuna Sputnik V, manifestó el lunes que los desarrolladores de las vacunas de ARN (como la de Pfizer y la de Moderna) “usan palancas gubernamentales, regulatorias y de medios de comunicación en esforzarse para tener un monopolio demasiado grande para fracasar”.
Con la venta de la vacuna, Pfizer espera ingresar unos US$33.500 millones con la comercialización de la vacuna contra la covid-19 que ha desarrollado junto a la alemana BioNTech, lo que supone un 28,8 % más de lo estimado con anterioridad.
De este modo, Pfizer confía en facturar en 2021 entre US$78.000 y US$80.000 millones, cuando anteriormente preveía alcanzar unos ingresos de entre US$70.500 y US$72.500 millones.
Asimismo, la multinacional ha revisado al alza sus expectativas de beneficio por acción entre los US$3,95 y US$4,05. En el segundo trimestre de 2021, Pfizer registró ganancias de US$5.563 millones, lo que representa un incremento del 59,4 % en comparación con el resultado contabilizado un año antes por la farmacéutica.
En concreto, el negocio de vacunas de Pfizer generó US$9.234 millones en este periodo, siete veces más que un año antes, mientras que el área de oncología de Pfizer facturó un 19 % más.
Tomado de Semana