Así lo dio a conocer el presidente Iván Duque en las últimas horas, cuando informó que con este nuevo Proyecto de Ley se busca otorgar beneficios a las mujeres cabezas de familia que se encuentran en prisión.
El beneficio que obtendrían sería sustituir la sanción por un trabajo social.
El Gobierno pide que estas medidas diferenciales para mujeres cabeza de familia privadas de la libertad no se apliquen al hurto agravado, al concierto para delinquir o al narcotráfico.
De igual manera sustentan que sustituir las condenas de pena privativa de la libertad por una sanción simbólica, que consiste en horas semanales de trabajo social, frente a delitos graves como lo son el concierto para delinquir, el hurto calificado y agravado, los delitos de narcotráfico, cuya pena impuesta sea superior a seis años, igual o inferior a ocho años, resulta “abiertamente inconstitucional” en cuanto que, más allá del beneficio que pueda producir en materia de la alternatividad penal, genera un “incentivo perverso” para la comisión continua de tales conductas.
Además, dentro de las objeciones está que puede afectar tratados internacionales.