La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 10 meses al entonces director del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte (IDTT) del Meta, Reinaldo Romero Silva (2012-2016), por los sobrecostos en el contrato de compra de dos vehículos para controles en operativos viales por $23’342.678.
El ente de control demostró que al adjudicar y celebrar el negocio contractual para la adquisición de equipos para la detección de infracciones se pagó $ 178’115.549, lo que representó un valor mayor con relación a los precios promedio del mercado que eran de $154’772.871.
A juicio de la Procuraduría, una vez realizada la evaluación técnica, jurídica y financiera de la oferta presentada por el contratista, el entonces director debió buscar la obtención de ventajas económicas o competitivas para la entidad que representaba.
Con esta conducta incumplió el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la cual señala que al celebrar los contratos “los servidores públicos tendrán en consideración (…) la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados (…)”.
El Ministerio Público consideró que Romero Silva vulneró el principio de responsabilidad “(…) faltando a sus deberes como responsable de la contratación enviando un mensaje equivocado a sus conciudadanos al no acatar responsablemente sus obligaciones como ordenador del gasto (…)”.
La Procuraduría Regional de Meta calificó la falta del exdirector como grave a título de culpa grave.
Teniendo en cuenta que el disciplinado no es servidor público, el tiempo impuesto como sanción se convertirá en salarios equivalentes al monto de lo devengado al momento de cometerse la falta.
Contra la decisión de primera instancia, la apoderada interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, reparto.
Tomado de procuraduría general de la nación