Ante las masacres que han cobrado la vida de al menos 24 personas durante los últimos días en cuatro municipios de Arauca, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobernador encargado del departamento, Alejandro Miguel Navas, a los alcaldes de Arauquita, Etelivar Torres; Fortul, Javier Alonso Cabrera; Tame, Aníbal Mendoza; y Saravena, Wilfredo Gómez, rendir informe sobre el plan de seguridad estipulado para salvaguardar la vida de los habitantes en la región.
La petición también fue extendida a la fuerza pública y al director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, con el fin de que se adopten medidas de atención que permitan fortalecer las capacidades de articulación y la respuesta para mitigar el impacto derivado de la emergencia humanitaria.
En el documento enviado a las autoridades, el Ministerio Público solicitó gestionar sesión extraordinaria del Comité Departamental de Justicia Transicional, para coordinar acciones y activar rutas de atención humanitaria.
La Procuraduría en el lugar de los hechos
Frente a las alertas emitidas, la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, ordenó el traslado de una comisión especial del nivel central hacia el departamento de Arauca, para apoyar las labores que adelanta la Procuraduría Regional en el territorio y realizar seguimiento a la respuesta institucional por la alteración del orden público.
En su intento por lograr conocer el contexto de los hechos y junto con la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), se identificó la necesidad de buscar acercamientos bilaterales con organizaciones sociales, iglesia y personerías municipales para conocer el alcance de los eventos ocurridos en el departamento.
Así mismo, en atención al llamado de la comunidad de hacer presencia en el lugar de los hechos, el Ministerio Público realizará una primera avanzada sobre los puntos de Puerto Jordán y Botalón, este 5 de enero, con el propósito de ayudar a habilitar los corredores humanitarios necesarios.
Es de señalar que la Procuraduría General de la Nación, como representante de la sociedad y defensora de los derechos de la misma, se encuentra a disposición de las autoridades para coadyuvar en los casos en los que se considere necesaria su intervención.