La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Fundación Chocó Saludable, por más de $2.000 millones.
El órgano de control reprochó al mandatario departamental la presunta vulneración de los principios de legalidad y responsabilidad de la función administrativa y la contratación estatal al celebrar, el 15 de abril de 2020, el Contrato No. 0198, con una fundación que al parecer no tenía la capacidad para ejecutar el negocio jurídico.
En el contrato la fundación debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
No obstante, el contratista al parecer carecía del atributo que le permitiera ejecutar el negocio jurídico, ya que aparentemente iba a subcontratar con otras personas el desarrollo de las actividades del contrato, lo que indicaría que carecía de la capacidad técnica y administrativa para cumplir a cabalidad con el objeto del bilateral.
El ente de control calificó la presunta falta del gobernador como gravísima a título de culpa grave.
En la decisión, la Procuraduría terminó la actuación disciplinaria por la presunta falta de planeación del gobernador relacionada con que las actividades contratadas no iban a producir efectos reales para garantizar la salud de los chocoanos y la efectiva protección al personal médico, en razón a que el contrato fue terminado sin que se ejecutara el presupuesto.
La PGN en su momento solicitó la suspensión del negocio jurídico por más de $2.000 millones, antes de que se iniciara su ejecución, al advertir su posible inconveniencia.