La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al entonces alcalde de Caparrapí, Cundinamarca, Carlos Humberto Calvo (2012-2015), y secretario de Planeación e Infraestructura, Ómar Romero Medina, por presuntas irregularidades en el Contrato de Obra 072 del 11 de abril de 2014, financiado con recursos de regalías, por $532’209.083.
El ente de control cuestionó a los investigados por presuntamente elaborar los estudios previos para la construcción del pavimento rígido en el sector La Lomita, sin contemplar las condiciones de estabilidad del suelo ni la resistencia de las redes de servicios públicos que garantizaran la conservación de la obra.
Al parecer esta posible omisión en el proceso contractual habría generado el pronto deterioro de las losas de concreto, que posiblemente habría sido causado por fugas de agua potable debidas a la falta de reemplazo de las tuberías.
Con esta conducta los exfuncionarios podrían haber vulnerado, entre otras normas, el artículo 2 de la Constitución Política que establece como fines del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”.
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994 que contempla que “los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados (…)”.
La Procuraduría Provincial de Honda calificó provisionalmente la conducta de los implicados como gravísima a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
Los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.