Primera parte.
Por: Redacción Portal La Noticia
La pavimentación de la vía Santa Lucía – Moñitos es quizás una de las obras más anheladas de Córdoba, y es que no es para menos, ya que han sido más de 50 años de expectativa para la adecuación de esta vía y los resultados no han sido más que mentiras, pañitos de agua tibia mezclados con corrupción, entre otros pesares.
Para abril del presente año, se celebró con bombos y platillos la adjudicación del contrato que tendría como objeto la pavimentación de más de 48 kilómetros de la tormentosa vía, los medios de comunicación registraban el acontecimiento como la panacea del 2021. Al consorcio Isla 066 – 2020, integrado por Latinco S.A. e Ismocol S.A., fue a quien Invías le adjudicó el contrato, donde el monto supera los 178 mil millones de pesos.
Ya han transcurrido más de dos meses de la adjudicación del contrato y aún las obras no inician, lo que deja percibir que algo no anda bien. Latinoamericana de Construcciones – Latinco S.A., quien hace parte del consorcio encargado, es una empresa paisa que ha manejado millonarios contratos con Invías y el Fondo de Adaptación para la construcción de carreteras, diques y puentes. Pero no todo ha sido bueno en el proceder de esta gigante de la contratación, Latinco S.A., ha estado envuelta en diferentes cuestionamientos y escándalos de corrupción en el país.
¿Cuál es la hoja de vida de Latinco S.A, el Monstruo que acecha a Santa Lucía – Moñitos?
Las esperanzas de que el proyecto cumpla las expectativas de calidad y tiempo son casi nulas cuando sabes que hay un monstruo detrás de una millonada, y que además ha sido apadrinado en múltiples ocasiones por Invías. Latinco S.A, fue socia de Carlos Solarte en la concesión Neiva-Mocoa-Santana, perteneció a ‘Aliadas’, la encargada de la fallida 4G del Sur; donde tuvo innumerables incumplimientos que tuvieron que ser asumidos por la Gobernación del Huila.
Latinco S.A. debía construir, rehabilitar y hacerle mantenimiento a más de 442 kilómetros de la carretera Neiva-Mocoa-Santana para convertirla en una vía de Cuarta Generación. Ante los incumplimientos y los reclamos de los alcaldes del Huila, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, le abrió a Latinco S.A. siete procesos sancionatorios y le dio a ‘Aliadas’ un plazo de tres meses para conseguir la plata o socios que la pongan, o sino le quita el contrato y los inhabilita.
Este monstruo de la contratación tampoco cumplió con la pavimentación de nueve kilómetros de carretera entre el municipio de La Plata y el centro poblado de Belén, que quedan al occidente del departamento en límites con el Cauca, donde gastó los 17 mil 682 millones de pesos.
Como si fuera coincidencia en Santa Lucía – Atlántico, Latinco S.A. tampoco cumplió, ya que las fallas estructurales que se presentan en el terraplén de protección se consideraron de caracter grave. La “megaobra” tuvo una inversión de 110 mil millones de pesos, donde Latinco S.A. construyó el tramo Calamar–Santa Lucía, de los 1500 metros de colchacreto a orillas del Canal del Dique. A solo 6 meses de haber entregado la obra aparecieron filtraciones y enormes grietas, nuevamente a esta empresa se le abrieron procesos y, además, se constató que la ejecución de la obra no se dio conforme al diseño presentado.
Esto es solo un abrebocas de la terrible forma cómo estos monstruos de la contratación hacen alianzas en el territorio nacional para acaparar todo el presupuesto público de obras de infraestructura. Lo que parecía ser una maravilla hoy es una incertidumbre, la vía Santa Lucía – Moñitos se le adjudicó a un monstruo, Latinco S.A., que ha dejado su huella de incumplimientos, polémicas, alianzas corruptas y perjuicio a lo largo y ancho del país.
¿Qué ocurrirá en este millonario proyecto?
Espere más información en nuestra segunda parte.
Siquiera encuentro una explicación clara de lo que sucede con la vía Santa Lucia -Moñitos. Toca impulsar la protesta social y pedirle cuentas no solo a los contratistas sino también a Invías, al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal, a las juntas de acción comunal, a los concejos municipales, a la asamblea departamental y al Congreso. Que informen cuánto dinero han dilapidado en esa obra y que se implemente un proyecto de cumplimiento a corto plazo, con controles públicos enérgicos que incluyan sanciones incluidas destitución, cárcel y responsabilidad hasta con el patrimonio personal.