El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Libertad y la Coeuropa presentaron ante la JEP el informe «Desde las Sombras» que abordó el uso de la inteligencia estatal para, según ellos, la persecución de movimientos sociales, y comprende el periodo 1989 a 2016
En el documento de 62 páginas, señalan que el periodo con mayor ocurrencia de hechos de ese tipo ocurrió durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Según las organizaciones, durante ese mandato a su juicio se persiguió a opositores políticos, se infiltró sus esquemas de seguridad, se archivaron investigaciones de forma cuestionable y se estigmatizó a movimientos sociales como aliados de grupos ilegales.
Precisamente, las plataformas mencionaron sobre ese punto la responsabilidad y presunta responsabilidad de 20 personas en ese fenómeno durante el gobierno Uribe. Entre los nombres figuran el del propio expresidente de la república, el de los exdirectores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, el exministro Fernando Londoño, el excandidato presidencial Rafael Nieto y el exfiscal Luis Camilo Osorio.
De acuerdo con el informe, aunque no realizaron actuaciones directas, cometieron o presuntamente cometieron hechos que determinaron o encubrieron las conductas.
Entre las pruebas mencionan condenas a varios de los mencionados como Noguera, expedientes de la Fiscalía y testimonios rendidos por exfuncionarios del DAS como Rafael García.
El informe asimismo recoge otros escándalos de uso indebido de la inteligencia estatal, en donde el DAS en alianza con las AUC y el sector privado intervinieron en el exterminio de líderes sindicales en la costa atlántica. También la vinculación criminal que tuvo el G-3 del DAS en esa persecución.
Además, abordaron los más recientes casos descubiertos dentro del periodo en estudio, como la «Sala Casa Gris» o el caso Andrómeda.