La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia decidió imputar este martes a 11 «miembros del Ejército nacional y de la fuerza pública» por las ejecuciones de civiles conocidas como «falsos positivos», caso en el que este tribunal nacido del acuerdo de paz investiga hasta 6.402 asesinatos.
«La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo», explicó en una rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz Gómez.
Este es el primero de «por lo menos seis autos» que la JEP emitirá dentro de la fase de investigación de este macrocaso por la muerte de al menos 6.402 personas, sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a manos del Ejército para presentarlas como guerrilleros muertos en combate y recibir a cambio premios e incentivos.
“Estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”, y sin la estigmatización de la población civil, dijo la magistrada Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento de la JEP.
Se estableció que los 120 civiles fueron presentados como integrantes de la guerrilla dados de baja en combate, pese a que algunas de las víctimas tenían hasta algunas discapacidades que les impedían usar o accionar Armas. En muchos de los casos, los civiles fueron engañados por los militares y colaboradores que los trasladaron desde otras regiones con promesas de trabajo.
“Este es el primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que la JEP emitirá dentro del caso 03 como parte de la primera fase de la investigación. La Jurisdicción continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por acción u omisión en el patrón macrocriminal determinado”, aseguró la Magistrada Díaz.
Según el Tribunal Especial para La Paz, los hoy llamados a responder por las ejecuciones extrajudiciales , tendrán un plazo de 30 días para comparecer y podrán aceptar o negar los hechos que se les indilgan o responsabilizan. Sin embargo, si los hoy llamados no aceptan los cargos podrían responder con penas hasta de 20 años.
Los asesinatos de civiles para luego ser presentados como dados de baja en combate se registraron en los municipios de Convención, El Tarra, Tibú, San Calixto, Hacarí, La Playa, Sardinata, Ábrego, Bucarasica, González, Ocaña, Río de Oto, Teorama y El Carmen de la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.
Tomado de Blu radio