El juez 53 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a los investigados por las irregularidades que se habían presentado en la licitación del billonario contrato que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados.
Emilio Tapia (condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá) fue señalado por la Fiscalía General de manipular el proceso de contratación de la licitación con la que se buscaba llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país con 7.277 centros digitales.
Para el juez, Tapia es un peligro para la sociedad al haber reincidido en conductas relacionadas con hechos de corrupción. Igualmente se indica que podría afectar la administración de justicia mediante la presión a testigos y la eliminación de pruebas.
También señaló que existe inferencia razonable para advertir que Tapia fue quien, en la penumbra, planeó, coordinó y ordenó cada uno de los pasos que permitieron concretar las acciones de corrupción que terminaron en el desfalco de los 70.000 millones de pesos, que se constituyeron como un anticipo.
Destacó que la Fiscalía General de la Nación mencionó los elementos materiales probatorios que dejan entrever que Tapia estaría al tanto de la falsificación de las garantías del banco Itaú y las pólizas de seguro.
Resaltó que todos los procesados son profesionales, por lo que debían tener una conducta ética y además no estar involucrados en este tipo de hechos de corrupción.
La medida de aseguramiento también cobijó a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros.
El juez señaló también que hubo cuatro falsedades de documentos privados «cuando se dieron cuenta que nos les iba a adjudicar el contrato, sacaron las garantías bancarias, en tiempo récord; entonces estaban mirando a ver si las podían hacer reales para poder justificar y que no los pillaran (…)».
La falsificación de la garantía bancaria demostraría que hubo varias irregularidades en la presentación de la oferta en la que estaría relacionado el condenado por corrupción, Emilio Tapia, quien al parecer estaba detrás de la empresas que hacían parte de la Unión Temporal.
La delegada de la Fiscalía, Andrea Muñoz, también señaló que el directivo de Rave Agencia de Seguros, supuestamente se encargó de conseguir a través de un contacto la falsa oferta y, posteriormente, se la entregó a Luis Fernando Duque para que hiciera lo mismo con el Ministerio.
El pasado martes la Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Los tres procesados se declararon inocentes.