Durante al menos tres semanas, investigadores de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía han adelantado diligencias de interrogatorio, inspecciones judiciales y recuperación de elementos de prueba, en el marco de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades en un multimillonario contrato firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información y la unión temporal Centros Poblados. Luego del análisis de esas evidencias, la Fiscalía se acerca a tomar decisiones importantes.
Se trata de citaciones a imputación de cargos y eventuales órdenes de captura contra los principales responsables y protagonistas de este escándalo en la expedición de garantías bancarias que fueron calificadas como falsas, pero que pasaron varios filtros por los interventores y la firma contratada para verificar su autenticidad.
Desde Centros Poblados, su representante legal, Luis Fernando Duque, advirtió que todo el proceso para la obtención de la garantía bancaria se hizo a través de un corredor de seguros, Rave, que contrataron para obtener las pólizas extracontractuales. Así lo dejaron en una diligencia de interrogatorio que SEMANA conoció. “El ministerio no pidió soportes de la garantía, pero sí lo hicieron con la póliza extracontractual y los entregamos”.
Por su parte, el corredor de seguros anticipó que lo dicho por Centros Poblados es falso, pues su empresa solo tramita pólizas y las garantías bancarias las expiden de manera directa las entidades. En ese orden de ideas, dejó como responsable a un hombre identificado como Jorge Molina, de servir como intermediario con la unión temporal.
“Él manifestó que poseía un lote en la ciudad de Santa Marta, de alto valor comercial, pignorado a través de una banca de inversión al banco Itaú Corbanca Colombia. Por ese motivo tenía la facilidad de conseguir los cupos de crédito y las garantías bancarias”, dijo Juan José Laverde, representante de Rave.
Las decisiones de la Fiscalía se anticipan una vez los investigadores completaron el análisis de los elementos y evidencias que fueron recolectados a lo largo de estas semanas de indagación, que también incluyeron algunos procedimientos en la Procuraduría y la Contraloría General de la República.
El representante legal de Centros Poblados advirtió que han colaborado de manera oportuna con la Fiscalía en la entrega de todos los documentos que confirman cómo solicitaron las garantías bancarias las recibieron y dejaron en consideración de la empresa contratada por el ministerio para validar su legalidad.
La empresa que se encargó de verificar esas garantías, SES Colombia, aseguró que partiendo del concepto de la buena fe, no dudaron que los documentos entregados por la unión temporal fueran fraudulentos.
“De haberse vulnerado el principio de buena fe, se adoptarán las medidas que correspondan frente aquellos que deban asumir la responsabilidad por este tipo de actuaciones irregulares”, señalaron desde SES Colombia.
El MinTIC también entregó varios documentos y en las inspecciones judiciales los agentes del Cuerpo Técnico Investigaciones desarrollaron copias espejo de los computadores donde se encontraría información relevante acerca del proceso de adjudicación y contratación.
En poder de la Fiscalía hay cinco denuncias, cada una radicada en este proceso, incluyendo no solo al ministerio, la unión temporal y el corredor de seguros, sino al banco que advirtió que las garantías presentadas en el proceso de licitación son falsas.