Luego de un año de haber estallado el escándalo de corrupción del contrato firmado entre el Ministerio de las Tics y la unión Temporal Centros Poblados, por fin la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra de tres supuestos involucrados en el caso
Se trata de los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres, y del representante de Rave, agencia de seguros, Juan José Laverde, a quien se les acusa de haber cometido delitos relacionados a corrupción con el contrato 1043 de 2020, por más de un billón de pesos y que pretendía llevar servicio de internet a escuelas rurales del país.
«Serían responsables de los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal», se lee en el documento de acusación. «Participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y en la presentación de pólizas falsas para que les fuera entregado el millonario contrato; además, hicieron incurrir en error a los funcionarios de MinTIC y destinaron parte del anticipo para cubrir actividades que no correspondían al objeto contractual», argumenta la Fiscalía.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que, de los 70.000 millones de pesos, del anticipó que se les dio, algunos dineros habrían sido entregados a los representantes de las empresas que prestaron sus nombres y experiencia para constituir la unión temporal Centros Poblados, pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales.
Entre tanto, a la espera de que se adelanten los procesos judiciales en contra de los señalados responsables de los hechos, en semanas pasadas se anunció que desde el Ministerio de las TIC se rematará un predio de la extinta sociedad Centros Poblados, encargada de una de las dos partes de la licitación. Este proceso se realiza con el objetivo de cubrir una parte del anticipo que fue entregado al contratista. El inmueble se encuentra ubicado en la zona industrial del municipio de Mosquera, en la vereda Balsillas, a 25 minutos del parque principal del municipio. Aquel espacio tiene un área de 52.932 metros cuadrados.
«La base para el remate será la que cubra el setenta por ciento (70%) del valor del avalúo, es decir, la suma de once mil cuarenta millones novecientos catorce mil ciento ochenta y nueve pesos ($11.040.914.189)», informó la cartera a través de un comunicado.
«Seguimos comprometidos, hasta el último minuto, ejecutando todas las acciones necesarias, basados en las herramientas legales y técnicas, para cumplir de forma diligente con la recuperación del anticipo del contrato caducado a la Unión Temporal de Centros Poblados. Los interesados podrán participar en los remates que a partir de hoy estaremos realizando sobre estos bienes», añadió la ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama Rojas.
La funcionaria aseguró que este primer remate tendrá una base de 11.000 millones de pesos, lo que corresponde al 70% del valor del inmueble que, realmente, está avaluado por más de 15.000 millones de pesos. Los tres empresarios, que ahora se enfrentan a la justicia colombiana, están acusados de haber cometido delitos relacionados a peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
Multados por Supersociedades
Por otro lado, recientemente la Superintendencia de Sociedades multó con 300 millones de pesos a los administradores de tres empresas de Centros Poblados, es decir las firmas ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.
Los administradores de las sociedades deberán pagar 100 millones de pesos cada uno, por no atender los requerimientos de la Superintendencia, “obstaculizando el desarrollo de la labor investigativa de la Entidad”.
Según la Supersociedades, hasta el momento se ha dado apertura formal a cuatro investigaciones administrativas para determinar si se configuran situaciones de control o grupo empresarial sobre sociedades vinculadas con la Unión Temporal Centros Poblados.
Además, la entidad señaló que “ha venido adelantando, todas las acciones que la ley y las disposiciones reglamentarias permiten en relación con estas sociedades”.
Es de mencionar que estas compañías, ya habían sido multadas el pasado 28 de diciembre por la Supersociedades, con más de 272 millones de pesos.
En la Procuraduría nada avanza
Pero mientras estas actuaciones se dan en la Fiscalía y otras entidades, en la Procuraduría General de la Nación en cambio, los procesos disciplinarios siguen estancados.
De hecho, la última semana de mayo pasado, por lo que llamó “cambió de competencias internas”, el organismo decidió suspender hastael próximo 16 de agosto el juicio disciplinario contra funcionarios involucrados en el escándalo de Centros Poblados. Allí el proceso que inició hace siete meses aún continúa en etapa probatoria.
Se supo que el procurador delegado disciplinario de juzgamiento 3, Antonio José Núñez Trujillo, explicó en la diligencia que un nuevo procurador asumirá el juicio, pues así quedó establecido desde diciembre pasado.
Los funcionarios involucrados en el escándalo son: Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general Mintic; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual Mintic; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura Mintic; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; así como Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.