María Fernanda Carrascal pasó de ser una suerte de comentarista política, de influencer, a ser congresista, donde brilla más por su activismo que por su trabajo legislativo. En marzo de 2023 fue nombrada como coordinadora ponente de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro. Tras el hundimiento del proyecto en junio de ese año, en septiembre –cuando fue nuevamente radicada–, la congresista repitió en esa responsabilidad, pero parece que el tiempo no le ha dado para entender de qué se trata la reforma, pues se la pasa errando.
Ello implica que desde hace más de año y medio Carrascal ha examinado y preparado el proyecto. De allí la extrañeza y desazón por sus salidas en falso durante la discusión de la reforma en la plenaria de la Cámara. No son errores menores.
Por un lado, en una intervención ante la plenaria, la congresista confundió modalidades de contratación. Carrascal se equivocó al hablar de un contrato a término fijo –definido por el propio Ministerio del Trabajo como aquel que se realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin–, describiéndolo como uno de prestación de servicios, una modalidad de contratación para un trabajo particular o determinado a cambio de una contraprestación.
“La utilización de estos contratos a término fijo son para enmascarar las relaciones laborales, para no pagar seguridad social, para no pagar prestaciones laborales y eso es infame”, dijo.
Por otro lado, en otra intervención aseguró que todas las empresas tienen un 25,7% de ingresos después de costos. “Las empresas tienen utilidades, ¿verdad? Pagando el 0,8 % que destinarían de sus ingresos o de sus utilidades adicionales por la reforma laboral les quedaría todavía una utilidad de 25.7 % para remunerar a los dueños del capital”.
Es decir, confundió los ingresos (entrada económica producto de la actividad comercial) con las utilidades (las ganancias o beneficios del negocio). Inclusive, en una de sus intervenciones Carrascal llegó a decir que “el 14 % de los trabajadores hoy trabajan más de 60 horas al día”.
Lejos de ser meras confusiones o lapsus, las salidas en falso de la coordinadora ponente de la reforma laboral generaron preocupación y desazón, particularmente en la oposición.
“En la argumentación que nos da el Gobierno y los ponentes, están presumiendo que el contrato a término fijo es igual al de prestación de servicios y que no hay vacaciones ni primas. Eso no es cierto”, reclamó el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático.
“Alarma que para justificar la reforma laboral algunos de sus defensores, por desconocimiento o mala fe, digan cosas abiertamente falsas. No es cierto que en los contratos a término fijo no se paguen vacaciones ni prestaciones sociales. Destruyen lo que no acaban de entender”, dijo a su turno el representante Andrés Forero, también del uribismo.
Lejos de reconocer sus errores, la coordinadora ponente dijo que “esas cosas pueden pasar” y manifestó que tanto los medios como la oposición buscan ridiculizarla: “eso no borra lo hecho en dos años de trabajo construyendo y defendiendo la reforma laboral en todos los escenarios (congresos, foros, paneles, entrevistas, debates en medios), en ninguno cometí un error conceptual/teórico sobre los temas involucrados en esta reforma. Al calor del debate, sobre todo en uno como el de ayer en el que recibí una buena dosis de violencia por parte de la oposición, esas cosas pueden pasar”.
Lo cierto es que este tipo de errores conceptuales y desaciertos dejan mal parada a la reforma del Ejecutivo que, según estudios, podría generar un aumento de la informalidad entre 7 y 12 puntos porcentuales, y reducirá la productividad e innovación en Colombia. Inclusive, según la ANDI y Fenalco, destruiría 700.000 empleos.