La investigación anunciada por la Fiscalía de Guatemala en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, por supuestos líos de corrupción con Odebrecht dio un nuevo giro este viernes con las declaraciones del presidente de ese país, Alejandro Giammattei.
Según reconoció el jefe de Estado, el ministro Velásquez goza de una inmunidad diplomática que le otorgó su puesto como integrante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, un organismo pactado entre esa nación y la ONU para desmantelar casos de parapolítica.
En diálogo con varios medios colombianos, el presidente guatemalteco dijo que “él (Iván Velásquez) tiene una amnistía total por los hechos o los actos que cometió como funcionario de la Cicig” y que aunque él como jefe de Estado esté de acuerdo o no, tendrá que “respetar ese tratado”.
“En caso de que la investigación fuera efectiva, el caso se cierra contra el señor Velásquez porque él goza de una inmunidad otorgada por un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas (…) Es decir, el señor Velásquez puede estar tranquilo. O sea, una persecución penal contra él no puede haber”, admitió Giammattei en entrevista con Semana.
Las declaraciones dejan un parte de tranquilidad en una semana convulsa para el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, pues el anuncio de esa investigación generó una crisis política y amenazó con fracturar las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala.
La noticia sobre la investigación en contra de MinDefensa se conoció el pasado martes, cuando el fiscal de Guatemala Rafael Curruchiche –quien maneja el caso de corrupción de Odebrecht en ese país y anunció la investigación en contra de Velásquez–, dijo que el ministro estuvo al tanto de los movimientos de dinero que se hacían entre jueces, fiscales y empresarios de Odebrecht para favorecer a los investigados.
Según Currunchiche, todo lo anterior habría ocurrido mientras Iván Velásquez lideraba procesos en la Cicig, por lo que se le investigaba por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia y conspiración; una serie de cargos similares a lo que en Colombia se conoce como concierto para delinquir.
Pero la investigación no fue tomada en serio por los principales organismos internacionales, pues la mayoría aseguraron que la crisis política de ese país tiene coptados a los poderes juidiciales, por lo que no se trata de procesos serios.
Organismos como la ONU, la ONG Human Rights Watch y hasta la Casa Blanca de Estados Unidos pidieron “no tomarse en serio” la investigación contra Velásquez y advirtieron que los procesos emprendidos por la Fiscalía de Guatemala eran “peligrosos” para la democracia en la región.
Según Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW, “no tiene mayor sentido tomar en serio esta investigación” si se tiene en cuenta que es “anunciada por un fiscal sancionado por Estados Unidos por actos de corrupción y por una jueza que fue investigada por enriquecimiento ilícito”.
Con todo esto, Petro y su gabinete se dedicaron a defender a MinDefensa por considerar la investigación como una persecución política y judicial como venganza por las actuaciones de Velásquez en contra de la corrupción. Incluso, Petro llamó a consultas a la embajadora de ese país en Colombia, Victoria González Ariza, por lo que la tensión entre ambas naciones continuaba creciendo.
Pese a eso, Giammattei intentó calmar los ánimos este viernes afirmando que en Guatemala hay una separación de los poderes Ejecutivo y Judicial, por lo que él como presidente de esa nación “no tiene nada que ver con la investigación anunciada al ministro (Velásquez)”.
Por último, el mandatario guatemalteco le pidió a Petro no escalar más la situación y manejarla por medio de sus embajadores.