El Tribunal Superior de la capital del Atlántico le negó a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, la acción de tutela por medio de la cual buscaba la nulidad del proceso que se adelanta en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En el recurso, su abogado argumentaba presuntas violaciones de garantías judiciales. No obstante, el juzgado, con ponencia del magistrado Luigui José Reyes, consideró la no existencia de vulneración de derechos fundamentales, expuestos por la del exdiputado del departamento del Atlántico, indicando que existieron las garantías procesales en las audiencias.
“Dicha diligencia, muy a pesar de que la imputación se trata de un acto de parte de la Fiscalía sobre el cual no procede en principio, solicitud de nulidad, a menos que se advierta la vulneración palmaria de garantías fundamentales, lo cual no se evidencia que haya ocurrido en esa actuación”, señaló el Tribunal.
En el documento, también señala que, de no ser impugnada la providencia, por Secretaría, debe ser enviada dentro del término legal, el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
De esta manera, la acusación contra el exfuncionario continúa vigente y camino hacia la etapa de audiencia preparatoria, programadas para el próximo 29 y 30 abril.
Según las investigaciones de la Fiscalía, entre junio y diciembre de 2022, Petro Burgos habría recibido $400 millones de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’; y diversas sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca Elajdue, de algunos políticos, así como de empresarios de la región Caribe colombiana.
Es así como las investigaciones establecieron que, al parecer, no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio. De igual manera, identificaron gastos que no eran soportados con sus ingresos como diputado de la asamblea del departamento.
Igualmente, se estableció que en su labor como diputado del Atlántico percibió 280 millones de pesos en 2022, pero según la Fiscalía no hubo un registro de otra actividad económica o movimiento financiero.