La operación militar que dejó 11 personas muertas, incluyendo indígenas y líderes comunales en Puerto Leguízamo, Putumayo, sigue generando reacciones que le ponen presión al Gobierno de Iván Duque para esclarecer lo ocurrido.
Los llamados se escucharon, incluso, en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU de este martes, en la que participaron 15 representantes de países como China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros.
En ese escenario, de la mayor relevancia internacional, se puso de relieve la necesidad de una «profunda investigación» sobre los hechos en Putumayo, y varios delegados expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en el país y cuestionaron a Duque por la implementación del acuerdo de paz.
Pocas horas después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado Colombiano a investigar diligentemente el operativo militar, que se llevó a cabo el 28 de marzo en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo. Aunque inicialmente el ministro de Defensa, Diego Molano, y el presidente Duque anunciaron la acción como un golpe a las disidencias de las Farc, pronto se conocieron las denuncias que indicaban que entre los muertos había civiles inocentes.
“Se insta a las autoridades correspondientes a continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”, señaló la CIDH.
El organismo internacional le recordó a Colombia que tiene la obligación de dar información clara y precisa de las personas heridas, fallecidas, capturadas o desaparecidas en el operativo militar.
ONU pide investigación ‘independiente’
La oficina de la Representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, en cabeza de Juliette de Rivero, se pronunció sobre el operativo del que se conocen versiones opuestas de las autoridades y de las comunidades, durante su visita a la zona en la que, el 28 de marzo, murieron 11 personas.
“El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres”, señaló la organización al presentar un balance de una visita realizada a la zona.
Y añadió: “Como resultado de la operación militar y del uso de la fuerza letal en Alto Remanso, resultaron muertas unas 11 personas y 5 más quedaron heridas (…). Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales solo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”.
La organización instó a la Fiscalía a realizar “una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
Radican moción de censura contra ministro Diego Molano
A la declaración de la CIDH se sumó, también en la tarde de este martes 12 de abril, la radicación de una solicitud de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte.
Más de 30 representantes a la Cámara firmaron la petición, que busca remover del cargo a Molano por cuenta del operativo.
Lo que pasó en Putumayo es inaceptable. No es la primera vez que frente a la cartera de Defensa se presentan graves cargos de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército Nacional
«Lo que pasó en Putumayo es inaceptable. No es la primera vez que frente a la cartera de Defensa se presentan graves cargos de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército Nacional», afirmó la congresista Katherine Miranda quien está promoviendo la moción. Y agregó que se está «frente a un caso de ‘falsos positivos’ «.
Defensoría pidió claridad
Carlos Camargo, cabeza de la Defensoría del Pueblo, entidad que ha estado en verificaciones tras el operativo militar, reiteró la importancia de una investigación judicial que aclare hechos
Según contó, en las versiones que ha escuchado la entidad sobre lo sucedido explicaron que las operaciones habrían iniciado con personal militar que usó uniformes distintos a los camuflados, y que en la operación militar habrían muerto 11 personas y resultaron heridas cinco, entre ellas, un militar.
“Es indispensable determinar si además de las víctimas ya identificadas, existen otras víctimas. Esto por cuanto algunas personas de la comunidad aseguran que hubo quienes cayeron en el río o trataron de huir del riesgo lanzándose al mismo”, aseguró Camargo.
Además, la Defensoría del Pueblo encontró que, durante los enfrentamientos, se generaron daños a bienes civiles indispensables para la comunidad, y que existe un temor generalizado de represalias por parte de grupos armados que hacen presencia en la zona.
“Reiteramos la importancia de aplicar de forma rigurosa el DIH. Y, asimismo, aprovechamos para hacer un llamado enfático a los grupos armados ilegales para que respeten el principio de distinción que prohibe involucrar a la población civil en la confrontación armada, ocultándose o usándolos como escudo», agregó el Defensor del Pueblo.
Las versiones opuestas
Pese a la ola de cuestionamientos sobre la acción militar, desde el Ejecutivo y las Fuerzas Militares han defendido el operativo.
«Era una operación que tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Entonces se procedió con una información clara», expresó el presidente Duque.
El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, también defendió la operación e insistió en que fue legítima y enmarcada en el derecho internacional humanitario.
“Nuestra misión en esa operación fue muy clara: la de neutralizar el subsistema criminal de una comisión armada del grupos armados organizados residuales 48, autodenominados ‘Comandos de Frontera’ ”, expresó el comandante, en referencia a las disidencias de las Farc.
Sin embargo, la versión de los habitantes de la vereda El Remanso es diferente.
«El domingo en la noche, sobre las 8, estábamos entretenidos en las finales de los torneos de microfútbol, en la cancha de la vereda. Yo no estaba tomando, pero eso sí, me puse a bailar el resto de la noche, esas son nuestras costumbres. Amanecimos, y como a las 7 de la mañana del lunes, se empezaron a escuchar disparos y yo pensé ‘es la guerrilla’ «, le relató a EL TIEMPO uno de los residentes en El Remanso.
Otro habitante añadió: «Medio dormidos empezamos a escuchar los disparos, corríamos desesperados. Mi suegra se quedó escondida en la escuela, donde pasó la noche con una bebé de cuatro meses. Había niños, éramos familias en el lugar. De un momento a otro solo se escuchaban gritos y lágrimas, y eso era un corre-corre».
Por ahora, la Procuraduría y la Fiscalía siguen adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras la presión al Estado por explicaciones sigue aumentando.
Tomado de El Tiempo