Ante el alto tribunal, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió el Acuerdo de Escazú, explicó que con este: “se fortalece la protección de líderes ambientales, se avanza en jurisdicción rigurosa y tiene apropiación social”.
También dijo que, con el acuerdo se refuerza la integración de América Latina: “genera más garantías procedimentales y amplifica la participación del derecho procedimental que existe para examinar decisiones cuando se revoqué una actuación administrativa”, señaló Susana Muhamad.
En la intervención participaron las senadoras Paola Holguín y Angélica Lozano, y el magistrado ponente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y varias organizaciones de derechos humanos y paz.
La Corte Constitucional escuchó varias voces que explican y cuestionan el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la participación pública en procesos de evaluación de impacto ambiental.
Recordemos que, el 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Tomado de W radio