Con la creación de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- no se han logrado superar los riesgos de corrupción y los problemas en la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio que obligaron a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE, concluyó un estudio sectorial de la Contraloría General de la República.
El organismo de control analizó los alcances del modelo de administración de bienes incautados adoptado en el país y lo comparó con algunas referentes internacionales.
La conclusión es que la adopción de un nuevo marco normativo y la constitución de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes, no ha arrojado los resultados esperados, lo cual corrobora lo evidenciado en los diferentes procesos auditores realizados por la CGR en los últimos años a la SAE.
A pesar de que la SAE viene adoptando una arquitectura empresarial robusta y consistente, se presentan dificultades de operación del modelo y de coordinación interinstitucional.
Para la Contraloría, el diseño de administración de bienes incautados se limitó a crear esta entidad, desconociendo la procedencia, estado real y otras características de los bienes incautados.
Debido a la traumática transición entre la DNE y la SAE, esta heredó el desorden administrativo y la dispersión de información.
Factores que afectan el manejo de bienes incautados
Diferentes factores afectan el funcionamiento eficiente del modelo de la administración de bienes, entre los que se pueden destacar, estos seis:
1) Duración prolongada de los procesos judiciales de extinción de dominio.
2) Inoperancia de la figura de depositarios.
3) Inconvenientes para el desalojo de predios.
4) Dificultades para la enajenación de activos debido a restricciones del mercado.
5) Desconocimiento de la localización y estado de muchos bienes.
6) Falta de coordinación con las entidades de registro para obtener la información de los bienes.