La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, en medio de la primera Mesa Nacional para el control del Mercurio en el hotel Whyndham en Bogotá, realizó varios anuncios.
Entre ellos que, el ente de control abrió indagación previa en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por el polémico informe sobre los recursos de gas y la presunta falsedad en el contenido del informe y sus firmas.
La sala de instrucción se encuentra evaluando por las inconsistencias con los datos de las reservas.
También habló de la propuesta de reformar la salud de la ministra Carolina Corcho. La procuradora mostró una gran preocupación sobre los múltiples anuncios que se han hecho.
En un principio pidió que no se hagan anuncios si no hay seguridad y tranquilidad sobre lo que se va a presentar, y solicitó que se socialice con todos los interesados, “porque es un tema de interés fundamental de todos los ciudadanos, y que finalmente, antes de presentar el proyecto lo muestren y realicen una conversación clara en tema de salud con toda la ciudadanía”.
La procuradora insistió en que esa “anunciadera” lo único que va a generar es que se multiplique la atención en salud para que la ciudadanía pueda demostrar que está sana y así hacer su cambio de régimen sin ningún inconveniente.
“Por decir un ejemplo, si había diez por día atendiéndolos, hoy en día la solicitud de atención se ha multiplicado a 30 o 40, porque quieren estar sanos ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar, bajémosle el tono”, insistió Cabello.
Margarita Cabello le respondió al presidente de la República Gustavo Petro que, las modificaciones al contrato del metro de Bogotá, que pretende cambiar el trazado para construir un tramo subterráneo tienen “graves riesgos”.
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El ente de control asegura que estos peligros tienen que ver con los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, el incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado.
“Posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público”, dijo Cabello.
La procuradora contestó que estas observaciones no tienen que ver con el cambio de Gobierno, sino que, “todos saben que desde el punto de vista contractual cuando hay un proyecto que se viene ejecutando y se le hacen cambios indudablemente hay incidencias y demoras en tiempos pactados”.
Además, señaló que desea conocer las razones que justificarían estos cambios.
Recordemos que hoy en sala de la Corte Constitucional se debaten las funciones jurisdiccionales de la reforma al código disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.