A través de convenios de asociación se estarían perdiendo recursos públicos, según denunció la veeduría Todos por Medellín. Indagan si hay algún ilícito en la celebración de contratos.
En una serie de contratos celebrados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) se habrían desconocido reglas internas para beneficiar a la Fundación Tenarco, entidad sin ánimo de lucro con la que contrató $6.441 millones entre 2020 y 2021. La denuncia está sustentada en un documento de 146 páginas que radicó la Veeduría Todos por Medellín ante la Fiscalía.
El ente acusador ya hizo una inspección dentro de la etapa de indagación –fase previa a una investigación formal– y ahora tendrá que determinar si en al menos cinco convenios de asociación entre el Amva y Tenarco se estarían perdiendo cuantiosos recursos públicos. La denuncia fue presentada contra el director del Amva, Juan David Palacio Cardona; el subdirector de la entidad, Álvaro Alonso Villada García; y Jorge Hernán Usme Salazar, representante de Tenarco.
Un ‘poderoso’ contratista
Tenarco es una entidad sin ánimo de lucro creada con la matrícula 1455722 del 11 de julio de 2012 ante la Cámara de Comercio de Medellín, que tiene como actividad económica la “creación teatral, otras actividades de espectáculos en vivo”, aunque es una entidad multipropósito o multiobjeto, es decir, puede realizar todo tipo de actividades.
Una vez revisadas las bases de contratación pública de Colombia Compra Eficiente, se encuentra que entre 2013 y marzo de 2022, Tenarco celebró más de 100 contratos con entidades públicas, dentro de las cuales se encuentra el Amva, con la que ha celebrado contratos desde 2015.
Año a año la Fundación incrementó el valor de los contratos suscritos con entidades estatales, especialmente con el Amva.
Los montos de los contratos con entidades públicas empezaron en $39 millones en 2013 y terminaron en $7.000 millones el año pasado, con un crecimiento mayor en 2020 y 2021, años en los que se registraron los hechos de la denuncia.
Específicamente, el Amva y Tenarco han suscrito 12 contratos de asociación entre 2015 y 2021, los cuales suman $13.185 millones. Si se comparan los históricos, se encuentra un constante crecimiento en el monto de los contratos entre ambas entidades, pese a que en este sector cultural hay más de 50 entidades que pueden desarrollar las actividades contratadas.
Los objetos señalados en la denuncia comprenden cinco convenios entre 2020 y 2021 y van desde la sensibilización a la comunidad para prevenir y disminuir el riesgo de contagio del covid-19 por $642 millones; $1.142 millones para realizar actividades artísticas y culturales en Mi valle navideño; otros $641 millones para “orientación a la comunidad” para generar comportamiento y cultura ciudadana frente al cuidado del aire; la realización de rutas metropolitanas para la reactivación económica por $2.090 millones; y $1.926 millones para fortalecimiento de la industria cultural.
Presuntas inconsistencias
Un primer reproche es que en los convenios suscritos en 2020 y 2021 el representante legal del Área Metropolitana, Juan David Palacio, no firmó las resoluciones que justifican la modalidad de contratación. En unas firma la funcionaria Carmen Elvira Zapata Rincón, y en otras el subdirector Villada García.
Es deber legal del representante legal de una entidad pública saber cómo se va a ejecutar el programa o actividad y autorizar, por sí mismo y no mediante delegación, los contratos que la entidad pretenda suscribir. Aunque esta no es una práctica nueva. La justificación para la contratación directa la viene firmando desde 2015 el secretario general, el subgerente, el subdirector, entre otros, por lo que la presunta ilegalidad no se presenta solo en este gobierno.
Otro punto clave es la destinación del aporte que deben dar las Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esal) para la ejecución de este tipo de contratos.
El quid del asunto está en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, que determina que esa contratación no tendrá un proceso competitivo cuando la Esal comprometa recursos propios e independientes del aporte estatal para la ejecución de actividades conjuntas en una proporción no inferior al 30% del valor total del proyecto. Es decir, la contratación será directa y eximida de competencia cuando la Esal consigne el 30% o más de los recursos requeridos.
En los convenios de asociación 851, 978 y 1016 de 2020, y en el 752 de 2021, tanto el Amva como Tenarco tenían la obligación de realizar aportes en efectivo y consignarlos en una cuenta con destinación exclusiva para cada objeto. La Fundación debió aportar $1.940 millones.
Movimientos permiten advertir, según la Veeduría, que algunos de los recursos aportados por Tenarco llegaron a personas que en algún momento tuvieron relación con la entidad, en calidad de administradores, hecho que es relevante en la medida en que estas personas no solo crearon nuevas Esales que se benefician de los contratos que celebran con el Amva, sino que de manera directa reciben recursos por actividades que deben ser objeto de verificación.
¿Qué tan idónea es?
En los convenios de asociación señalados, el Amva justificó la contratación con Tenarco por su “idoneidad”. Sostuvo en las resoluciones de justificación “la experiencia adquirida por 11 años en el proceso de creación escénico, en el diseño, elaboración y proyección de comparsas temáticas, que la ubica como una de las agrupaciones más innovadoras en la puesta en escena en comparsas y teatro callejero”.
No obstante, las fechas no concuerdan con el año en que la fundación fue constituida (acta de julio de 2012) por lo que en el evento de que efectivamente hubiera ejecutado actos en concordancia a su objeto desde su constitución, aun así, no reunirían los 11 años de experiencia que le atribuye el Amva para su contratación directa.
Según la guía para la contratación de Colombia Compra Eficiente, para determinar la idoneidad de la entidad es necesario revisar la capacidad de su personal. La entidad debe pedir evidencia de que la Esal cuenta con el equipo necesario para cumplir con el programa o actividad y adaptarse rápidamente, entrenando nuevas personas.
Indicadores relativos a la permanencia de los colaboradores pueden ayudar a medir esta capacidad. Según el reporte en el Rues, en 2019 el número de empleados de la empresa era de 20; en 2020 fue de 2 personas y en 2021 de 15. La Veeduría cuestionó la idoneidad de una entidad que posee pocos empleados, que los rota de forma abrupta entre un año y otro y que para la ejecución de los proyectos acude a la subcontratación de personas con las que tiene vínculos de asociación o en algún momento tuvieron la calidad de administradores.
“Esto muestra que no hay continuidad en la empresa y adicionalmente que serían insuficientes para suplir las prestaciones a las que se comprometen en los contratos; además, respecto a la vinculación y entrenamiento de nuevas personas que se aduce en la guía, no es claro qué personas y en qué cantidad son vinculadas por la fundación ni el entrenamiento que esta presta para capacitarlas”, afirma la denuncia.
Ya hubo un antecedente. En septiembre de 2019 la Contraloría emitió un informe de auditoría en el que registró varias irregularidades encontradas en el convenio 389 de 2018 celebrado entre Tenarco y el Amva. En esa ocasión se evidenciaron retrasos al momento de hacer los aportes y se realizaron pagos que no estaban contemplados en el convenio a nombre del representante de la Fundación; situaciones que nuevamente se habrían presentado en los convenios suscritos entre 2020 y 2021.
La Contraloría halló pagos sin soportes y sin que se conocieran los contratos suscritos por Tenarco con terceros para el desarrollo del convenio, comportamiento que, en consideración del órgano, entorpecía la supervisión del dinero desembolsado por el Amva.
“Se hace evidente que la Fundación Tenarco incumple de forma alarmante en múltiples factores fundamentales para ser apto al ejecutar y ser partícipe de los convenios que ha celebrado. Por lo que es insólito que el Área Metropolitana haya decidido seguir contratando con la entidad, bajo la misma modalidad, para ejecutar proyectos que emplean cuantiosos recursos públicos”, afirma la Veeduría.
Otro factor que sustenta la denuncia es que según el material probatorio se logró verificar que Tenarco subcontrató la ejecución de las actividades con las fundaciones Fundeventos y Cartama. Esta última fue constituida el 10 de julio de 2018 y Fundeventos el 5 de febrero de 2019, hechos que demuestran para el denunciante que Ternarco es una intermediaria, y en segundo lugar, que los recursos, finalmente, llegaron a dos entidades sin ánimo de lucro con una menor o ninguna idoneidad para el desarrollo de las actividades, las mismas que fueron intermediadas mientras una de las entidades subcontratistas adquiría experiencia para contratar directamente con el Amva.
Si bien la subcontratación de actividades no es un ilícito, en este caso es un aspecto relevante en la medida en que debe ser objeto de investigación el porqué las actividades contractuales fueron entregadas a subcontratistas.
“No es correcto justificar la realización de convenios de asociación en la idoneidad de una empresa que finalmente no fue quien ejecutó los contratos. Adicionalmente, no se aportan los motivos que impulsaron a la subcontratación ni que respalden la competencia de Fundeventos y Cartama para ejecutar los contratos”, dice la denuncia.
Malabares y zanqueros
Uno de los convenios que investigará la Fiscalía es el 752 de 2021, en el que se identificaron posibles sobrecostos en servicios contratados a Tenarco. El valor del convenio es de $1.926 millones, de los cuales el Amva aportó $1.348 millones, el 69,9%.
Dos ítems llaman la atención de los denunciantes. En uno la información es confusa, porque primero señala que se requieren 50 cajas creativas para grupos artísticos de cada municipio del Valle de Aburrá. Después en la descripción aparece que son “5 por cada municipio y 15 para Medellín”, lo que sumados no da 50, sino 60. Pero en el cálculo para el valor total dice que se necesitan 75, sin especificar cómo se repartirán.
El otro campo que generó suspicacias es el ítem de dotación de vestuarios para zanqueros. En el documento correspondiente al análisis del área creativa de Tenarco anexado en el Secop y en el documento de la propuesta emitida se discriminan dos rubros, uno correspondiente al vestuario y otro para zancos de aluminio. Para el Municipio de Medellín se requerían 90 kits y para los otros nueve municipios 15, un total de 225 kits.
De acuerdo con una investigación en el mercado, unos zancos de aluminio pueden costar entre $200.000 y $300.000, además, un vestuario puede costar, dependiendo de la calidad y diseño, entre $250.000 y $500.000, lo que en total sumaría costos entre $450.000 y $800.000.
Según la veeduría, dependiendo del tipo y la cantidad de kits entregados, puede haber sobrecostos en el contrato.
Consultamos al respecto al Amva y contestó: “El valor de cada vestuario no corresponde a $18 millones. Un kit no es solo un traje, un kit son 15 vestuarios, por lo que cada vestuario tiene un costo aproximado de $1.200.000, al ser 15 kits, equivalen a 225 vestuarios en total. Adicionalmente, ni el Área Metropolitana, ni nuestros convenientes adquieren bienes o servicios en el mercado informal, los estudios de mercado se realizan con base en precios del mercado formal, al momento de la elaboración del presupuesto”.
Será tarea de la Fiscalía esclarecer si hay o no irregularidades en estos contratos.
¿Qué responde el Área a esta denuncia?
“Obramos de conformidad a la normativa, a los procesos y procedimientos de la entidad, somos respetuosos y transparentes, nos caracterizamos por respetar las instancias legales y administrativas, así como las veedurías ciudadanas. Tenemos la certeza de que nuestros procesos precontractuales y contractuales se ajustan al ordenamiento jurídico colombiano en materia de contratación estatal; por lo que estamos atentos y dispuesto a atender las investigaciones de las autoridades u órganos de control competentes”.
¿Cuál fue la justificación que le dio Tenarco al Área Metropolitana para subcontratar con las fundaciones Fundeventos y Cartama y cuántos contratos se han suscrito en 2022 con Fundeventos y Cartama?
“El Área Metropolitana al contratar con una Entidad sin ánimo de Lucro cumple con las condiciones y presupuestos establecidos en el artículo 5 Decreto 092 de 2017, entendiendo y respetando el régimen jurídico que les aplica a estas. Es de aclarar que el Área Metropolitana no tiene ni ha tenido desde 2020 hasta la fecha ninguna relación contractual con la fundación Cartama y en cuanto a Fundeventos se celebraron los siguientes convenios, los cuales se han cumplido a cabalidad: el 955 en 2021 por un total de $1.857 millones (terminado); y el 121 de 2022, por un total de $3.276 millones (en ejecución)”.
Fundeventos y Cartama estarían siendo usadas para transferir recursos a personas naturales mediante convenios de asociación. ¿Qué responde?
“No se comparten dichas afirmaciones, reiteramos que los procesos contractuales llevados por la Entidad cumplen los requisitos legales”.
Las cuentas de ahorro de Tenarco habrían sido dadas para el pago a proveedores, para saldar deudas propias de la fundación e incluso para entregar recursos a personas naturales que han estado vinculadas en algún momento con la organización, incluidos $100 millones al representante legal. ¿Qué responde?
“Tal y como reposa en el expediente contractual, la Esal Tenarco entregó los aportes acordes a los establecido en los convenios, y ese 30% fue destinado al cumplimiento de los objetos y el alcance del convenio; de la cual no puede concluirse un mal manejo de los recursos. La destinación de los recursos puede consultarse en todas las evidencias y soportes que reposan en los expedientes contractuales y publicados en el Secop”.