Pese a las críticas de varios sectores el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron los 69 artículos de la ley de seguridad ciudadana que según el Gobierno Nacional busca evitar la impunidad y castigar al delincuente.
La norma que pasa a sanción presidencial contempla varios cambios al código penal, entre estos:
– Se contempla la legítima defensa en propiedad privada, excluyendo los establecimientos comerciales, y aclarando que se podría usar cuando una persona ingresa de manera violenta a una vivienda o cuando agrede a alguien que se movilice en su vehículo.
– Se castiga la reincidencia, el porte de armas blancas entra como nuevo delito en el Código Penal y se establecen las más altas penas por agresiones y asesinato de miembros de la Fuerza Pública, periodistas y líderes sociales.
– Aumenta de 50 a 58.3 años las penas a quienes cometan homicidios contra menores de edad, Defensores de DDH, Periodistas y Fuerza Pública.
– Aumenta hasta 12 años las penas por atentar la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, a la administración de justicia, el sistema de transporte público masivo, instalaciones militares o de policía.
– Aumenta hasta la mitad de las penas a aquellos ciudadanos que empleen mascaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten y a aquellos que porten armas convencionales; armas de fuego; armas de fuego hechizas o artesanales; armas, elementos y dispositivos menos letales; y medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.