Por: Ruby Chagüi – Senadora de la República.
Casi tres meses después que iniciara un paro violento que encontró un Florero de Llorente en una propuesta de reforma tributaria nunca discutida en el Congreso por la conciencia de la resistencia que generó en amplios sectores de la sociedad, el Gobierno anunció esta semana que el 20 de julio radicará la Ley de Inversión Social, herramienta esencial que refleja consensos alcanzados después de mes y medio de discusiones en toda Colombia con empresarios, autoridades locales, estudiantes, gremios, partidos políticos, beneficiarios de programas sociales, entre otros actores, sobre cómo reducir la pobreza y generar bienestar.
La iniciativa parte del reconocimiento de que en 2020, con ocasión de la pandemia y las medidas de aislamiento obligadas para contenerla, al tiempo que nuestro Producto Interno Bruto se contrajo 6,8% y 3.5 millones de colombianos cayeron en la pobreza, el gasto público creció para enfrentar la enfermedad y aliviar la difícil situación económica de tantos compatriotas agravada por ella y, más recientemente, por los bloqueos.
Con esta equitativa, ambiciosa y pragmática iniciativa, el ejecutivo nacional espera recaudar 15.2 billones de pesos. La propuesta, cuyo foco es la protección de los pobres y la clase media, no tocará los impuestos que afectan a la población vulnerable, como el IVA y la renta, y se estructura, como explicó con claridad el Ministro José Manuel Restrepo, en cuatro pilares esenciales. Vamos por partes.
1. Más inversión social dirigida a quienes más la necesitan para reactivar la economía. Para aliviar su situación y estimular la demanda, la reforma persigue extender el programa Ingreso Solidario hasta 2022 y ampliar su cobertura: pasar de 3.1 millones de beneficiarios actuales a 3.3 millones para incluir a 200 mil hogares en pobreza extrema que hoy están desprotegidos. Elevar la apuesta costará 2.13 billones en 2021 y 6.59 en 2022 y servirá para reducir la pobreza extrema de 15,1% a 9,6%, nivel que teníamos antes de la pandemia, y bajar la tasa general de pobreza de 42,5% a 34,2%.
Este aspecto se complementa con medidas de tipo laboral. Por un lado, se extenderá el subsidio a la nómina creado por el Programa de Apoyo al Empleo Formal hasta diciembre de 2021 con énfasis en las empresas de menos de 50 trabajadores e incluyendo a las personas naturales que empleen a mínimo dos trabajadores: 1.06 billones de pesos invertidos en 2021 para beneficiar a 400 mil trabajadores y 55 mil empleadores. Por otro lado, se apoyará la contratación formal de jóvenes entre 18 y 28 años, así: aporte del 25% para pagarles a aquellos que ganan un salario mínimo, y ayuda del 10% para pagarles a aquellos con ingresos de hasta 3 salarios mínimos. Hablamos de 236 mil millones de pesos en 2021 y 573 mil en 2022 que deben servir para disminuir el desempleo juvenil de 23,9% a 15,8%.
La inversión social estaría incompleta sin tener en cuenta a la educación. Por eso la ley prevé, como lo hemos insistido desde que llegamos al Senado de la República, que la matrícula cero sea política de Estado, es decir, que se garantice de manera permanente la gratuidad para la educación superior pública, universitaria, técnica y tecnológica, para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Estamos hablando de 700 mil millones de pesos anuales a hoy, que benefician a 695 mil estudiantes. No prometemos lo imposible: hacemos lo mejor posible.
2. Austeridad del gasto público para ahorrar anualmente 1.9 millones. A partir de 2023 y como el Centro Democrático lo ha reclamado durante años -un Estado grande en la tarea social, no en burocracia- los gastos de nómina del Estado se congelarán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios. También se limitará la compra de bienes y servicios a lo estrictamente necesario: menos gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos. Las transferencias a cargo de la Nación se reducirán anualmente, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a salud, educación y pensiones. Y se racionalizará la contratación por prestación de servicios.
3. Se estimulará la formalización tributaria para recaudar 2.7 billones. Para atacar la evasión, se facultará a la DIAN para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen. Se creará el Registro Único de Beneficiarios Finales, a fin de identificar mejor a las personas que son propietarias o beneficiaras de empresas para que cumplan sus obligaciones tributarias. Y se utilizará un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
4. Como lo hemos pedido el expresidente Uribe, mis compañeros de bancada y mi persona, la responsabilidad histórica debe ser asumida por quienes están en posición de hacerlo. Por eso, y como la médula de la Ley es la solidaridad, los mayores aportes estarán a cargo de personas jurídicas que son grandes contribuyentes. Se reducirá a la mitad el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas (recaudo de $3.9 billones), se creará un aporte solidario a cargo de las empresas para financiar la inversión social a través de un incremento en la tarifa de renta de 30% a 35% a partir de 2022 (recaudo $6.7 billones), se incrementará la sobretasa al sector financiero en 3 puntos porcentuales desde 2022 hasta 2025 (recaudo de $415 mil millones) y se regularán los capitales de colombianos en el exterior (recaudo de $300 mil millones en 2021 y $360 mil millones en 2022).
Hay medidas complementarias. Tendremos tres días sin IVA al año, el apoyo en el financiamiento de hasta el 50% del déficit operacional a los municipios cuyos Sistemas Integrados de Transporte Masivo fueron afectados y el aumento del Sistema General de Participaciones en 2.4 billones que se podrán destinar a educación, salud y agua potable.
Los hechos, no la ideología, sustentan la superioridad de una sociedad basada en la libertad y que corrige con medidas de equidad sus desequilibrios. Una sociedad cohesionada por una clase media amplia, la fraternidad entre ciudadanos y un Estado social que se centra en los más vulnerables y procura la igualdad de oportunidades para todos es la más democrática y libre y, por la misma razón, la menos propensa al autoritarismo, el mismo que amenaza con tomar el poder en 2022. Esta ley va en esta dirección: ofrece soluciones y es un valioso recurso para reactivar la economía, garantizar la sostenibilidad fiscal, aumentar la inversión que necesita el país y cuidar nuestra democracia.
Encima. Este 20 de julio celebremos nuestra independencia defendiendo nuestra democracia y nuestras libertades de todos los que las quieren destruir, como la primera línea que nos amenaza con nuevos actos de terrorismo como los que hemos visto desde el 28 de abril.