El exsenador y excandidato presidencial por el Partido Conservador David Barguil está siendo investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por, supuestamente, haber realizado entre 2017 y 2018 gestiones indebidas ante del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para favorecer millonarios procesos de contratación a favor de la alcaldía de Galeras, Sucre.
EL TIEMPO conoció el expediente reservado del alto tribunal que esta semana llamó a indagatoria al exsenador quien aseguró que acudirá al llamado de la justicia para dar en ese escenario las explicaciones que sean necesarias sobre este caso que inició con una compulsa de copias que hizo la Fiscalía dentro de la investigación que le sigue al exalcalde de Galeras (Sucre), Remberto Javier Amell Hernández capturado en enero de este año.
En concreto, se alega que Barguil supuestamente habría gestionado el desembolso efectivo de una partida presupuestal proveniente de los llamados ‘cupos indicativos’ para cumplir con el convenio administrativo 480 de 2017 suscrito entre el DPS y la Alcaldía no buscando realmente la construcción de carreteras, sino para obtener un beneficio económico ilícito tanto para él como para el adjudicatario de las obras.
Esto habría sucedido cuando Barguil Assis era representante a la Cámara. El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto hizo una inspección al proceso que se le sigue a Amell Hernández y a los hermanos Jorge Carlos y Héctor Julio Álvarez Rivero (también detenidos), al evidenciar que los elementos de prueba que allí existen corroborarían la existencia de un entramado criminal para garantizar recursos para obras en Galeras con las gestiones indebidas de congresistas, entre quienes estaría Barguil.
De hecho, al mismo tiempo, la Corte Suprema abrió otra investigación, por contratos diferentes al del caso Barguil, en contra de los excongresistas Sandra Elena Villadiego y Raymundo Elías Méndez Bechara por, supuestamente, también hacer gestiones con los cupos indicativos en favor de esa administración.
Las gestiones se habrían desplegado por los entonces congresistas ante el DPS, entidad que apropió dineros originados del Fondo de Inversión para la Paz a través de convenios firmados por el entonces alcalde.
La primera actuación irregular se habría hecho para la gestión del convenio 449 de 2016 suscrito para la construcción del pavimento de un tramo de la calle 12 de Galeras, con salida al corregimiento de Puerto Franco por 4.133.932.664 pesos, que fue adjudicado al Consorcio Galeras que representaba Jorge Carlos Álvarez Rivero.
En el expediente obra el testimonio de Héctor Julio Álvarez Rivero, uno de los procesados, así como una serie de interceptaciones telefónicas a los implicados, que indicarían que ese proceso habría sido orientado desde el comienzo, en un acuerdo criminal entre los hermanos y el alcalde en una conversación sostenida en 2016 en cafetería en el centro de Bogotá con el entonces congresista Méndez.
Esto, dice la actuación, se habría convertido en un patrón que se replicó en el convenio 480 de 2017 ya citado, pero esa vez la gestión indebida la habría hecho Barguil.
Las citas en el DPS
La Corte asegura que esa conclusión sobre la participación de Barguil se puede extraer del contenido de las interceptaciones telefónicas que evidenciarían que, una vez aprobados en el DPS los convenios 479 y 480 de 2017, se presentaron inconvenientes para identificar al “propietario” o titular del cupo indicativo con el cual se financiaría el negocio.
Para el despacho este es un asunto trascendental en el supuesto plan delictivo, no solo para el posible pago de coimas sino para dirigir los procesos de contratación. Para resolver la duda, entonces, los involucrados habrían acudido a María Andrea Agudelo, entonces funcionaria del DPS.
En la cita en las oficinas del DPS, el 21 de enero de 2018, se habría afirmado que el convenio 479 le pertenecía a Méndez Bechara y el 480 a un senador cuyos intereses eran representados por Elizabeth Mambuscay López y apellidado Gechem.
Pero luego, según las interceptaciones, el representante Barguil Assis habría increpado al entonces alcalde Amell, por lo que habrían ido juntos el 8 de febrero de ese 2018 a la oficina de Agudelo para esclarecer el asunto dejando claro que el cupo indicativo habría sido aportado por el político conservador.
El ‘primo’
Hay llamadas que hablan de ‘entregar eso’ o de ‘destrabar el tema’ que estarían relacionados con el pago de coimas.
Según el expediente, la plata desembolsada de recursos del FIP fue por 3.748.286.342 pesos para la construcción de una calle en el municipio, contrato adjudicado al consorcio Galeras 2018, representado por Jaime Enrique Echenique Vélez.
Ese consorcio estuvo conformado por las empresas Ingeniería IVH S.A.S. y Tech Ingeniería S.A.S., esta última cuya razón social fue originariamente CDH Ltda.
Al parecer esa sociedad habría sido comprada en un 75 por ciento por Said Bitar Castilla a Leidys Diana Oyola Dumeth y Jaime Echenique Vélez, quien conservó el 25 por ciento de participación.
No obstante, luego, Bitar habría cedido su participación en un 25 por ciento a Echenique y el otro 50 por ciento a Diego Roberto de Jesús Echeverri quienes habrían pagado más de 450 millones y acordado el cambio de nombre a Tech Ingeniería S.A.S.
Esto es relevante dado que en las interceptaciones hay un registro que correspondería a la voz de Barguil, del 15 de noviembre de 2017, en donde le habría dicho a Amell que delegaría a su ‘primo’ Said Bitar para reunirse con el ordenador del gasto. La Corte Suprema investiga este hecho dentro de supuesto contexto de presión por parte del entonces congresista.
Y, de otro lado, el representante legal de IVH S.A.S sería Víctor Hugo Hernández Soto, quien sería el ‘Víctor Hernández’ que aparece en una interceptación telefónica del 3 de enero de 2018 para reunirse también como un supuesto emisario de Barguil y así encontrarse con el alcalde de Galeras y el secretario de Infraestructura Carlos Eduardo Cueto Corrales.
En el expediente se pone de presente la existencia de una llamada realizada el 15 de diciembre de 2017, previo a los comicios al Congreso de 2018, en los que supuestamente Barguil habría manifestado su arrepentimiento de haberse contactado con el exalcalde Amel dado que los compromisos que adquirieron no se habrían materializado. Hay llamadas que hablan de ‘entregar eso’ o de ‘destrabar el tema’ que estarían relacionados con el pago de coimas
Con estos elementos, la Sala de Instrucción consideró posible la participación de Barguil el supuesto entramado criminal y, le abrió una investigación por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
¿Qué dice Barguil?
«Esta no será la excepción. Esa es la conducta que me ha caracterizado a lo largo de mi vida como servidor público».
- EL TIEMPO intentó contactarse con el exsenador, sin éxito. No obstante, Barguil hizo público un comunicado en el que aseguró que siempre ha sido respetuoso de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en ejercicio de sus competencias y señaló que “esta no será la excepción. Esa es la conducta que me ha caracterizado a lo largo de mi vida como servidor público”.
“Atenderé todas las diligencias y citaciones que tenga a bien efectuar la Honorable Corte y será en ese escenario en donde daré todas las explicaciones que se me soliciten, con pleno acatamiento por las normas que rigen el proceso penal”, agregó.
Barguil señaló que como se trata de un proceso en etapa de investigación, la cual es reservada por ley, “me abstendré de dar declaraciones públicas en relación con cualquier asunto relacionado con el proceso y será al interior del mismo en donde me pronunciaré y ejerceré mis derechos como corresponde”.
Según Barguil, cualquier manifestación por fuera del conducto procesal no sería respetuosa de las actuaciones que adelanta Corte e implicaría necesariamente pronunciarse sobre hechos y diligencias que hoy tienen reserva. Hasta el momento no se ha fijado fecha para la indagatoria.
Las pruebas que ordenó la Corte
La Sala ordenó buscar los datos de contacto de Víctor Hugo Hernández Soto, Said Bitar Castilla, Jaime Enrique Echenique Vélez, Héctor Mario Restrepo Mejía, Diego Roberto Echeverry Trujillo y a Leidys Diana Oyola Dumeth.
También, documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se constituyeron las personas jurídicas Tech Ingeniería S.A.S. –antes CDH Ltda.- e Ingeniería IVG S.A.S. con NIT 900960442-5.
De igual manera, buscar las reformas societarias registradas en la Cámara de Comercio de domicilio de esas empresas y la conformación histórica de los accionistas de esa sociedad, con obtención de copia de la escritura pública de constitución societaria. Y otras que EL TIEMPO se abstiene de revelar dadas sus características.
Tomado de El Tiempo