La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), envió en las últimas horas una fuerte carta al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en la que expresa su preocupación por los casos de intimidación y autocensura contra los periodistas en Colombia.
Señaló que estos hechos se ponen en evidencia en directivas y actuaciones de la Fiscalía General, que además se ven respaldadas por el jefe del ente investigador y acusador.
«Desde la FLIP alertamos sobre la falta del cumplimiento del acuerdo asumido por la dirección de la Fiscalía de establecer una mesa de trabajo para la creación de una nueva directiva que garantice la protección de la libertad de prensa en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y, en el marco de la investigación, judicialización y sanción penal de delitos en contra de los periodistas», menciona la Fundación.
Otro de los aspectos que destacaron en la carta se relaciona con la circular de la DIAN 005 de la Dirección de Asuntos Internacionales, que implementa restricciones a las organizaciones internacionales que busquen acceder a información en Colombia.
«Esta directriz institucionaliza una práctica adversa al acceso a la información que impide que las organizaciones civiles puedan realizar la veeduría sobre el avance —o falta de él— en procesos penales de alto interés público. Al respecto, conocimos que se limitó de manera injustificada el acceso a la información a organizaciones internacionales. Este es el caso de Human Rights Watch que, siguiendo su misión de investigar y documentar abusos contra los derechos humanos, visitó el país a mediados de noviembre de este año y de manera insólita se le prohibió reunirse con fiscales en diferentes regiones. Es la primera vez que esto sucede durante la larga trayectoria de misiones que ha realizado esta organización», según apartes de la carta de la FLIP.
En ese sentido, le hicieron varias peticiones al fiscal Barbosa, en las que advierten se debe promover un ambiente óptimo para el desarrollo de la labor periodística.
Entre las solicitudes que se expresan a través de la carta, se destacan las siguientes:
- Emitir un pronunciamiento público en el que honre el mandato constitucional de promover un clima óptimo para el desarrollo de la labor periodística. Resulta necesario un mensaje público, claro y contundente sobre la imparcialidad que debe regir las investigaciones de denuncias contra la prensa y sobre la necesidad de velar por sus garantías en el marco de investigaciones penales.
- Instalar las mesas de trabajo para la creación de directrices que garanticen la protección de la libertad de prensa en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y, en el marco de la investigación, judicialización y sanción penal de delitos en contra de los periodistas.
- Explicar públicamente el alcance de la instrucción de la Dirección de Asuntos Internacionales, de manera que las precisiones permitan consolidar una visión única en la entidad sobre el compromiso con la transparencia y se adopten las medidas necesarias para que la entidad cumpla con el art. 23 de la Constitución, sin discriminación.