Los abogados de diez de los trece integrantes de la autodenominada ‘Primera Línea 80’ que fueron capturados por actos de vandalismo en Bogotá pidieron a una juez de control de garantías que permita a sus clientes que se defiendan en libertad y no acoja la petición de la Fiscalía de imponerles medida de aseguramiento.
De acuerdo con varios de los juristas en este caso la Fiscalía no logró demostrar una inferencia razonable que vincule a los jóvenes detenidos con los cinco eventos graves de actos de violencia, vandalismo y ataques contra la fuerza pública y la ciudadanía en el marco de las protestas adelantadas entre mayo y septiembre de este año en las localidades de Suba y Engativá.
Los abogados manifestaron que no se aportaron pruebas que evidencien una autoría o participación directa de este grupo de capturados con los hechos investigados.
Uno de los abogados argumentó que Laura Sofía Bermúdez de 18 años está arrepentida por los hechos acontecidos y quiere comparecer ante las autoridades, aunque carece de antecedentes judiciales y según sus defensores no representa un peligro para la sociedad
«La señorita Laura Sofía Bermúdez pertenecía a una brigada de salud, es estudiante de enfermería y lo que hacía prácticamente en las manifestaciones era prestar servicios de salud a los manifestantes», dijo el jurista.
Así mismo, indicó que «nosotros sabemos que si estos jóvenes ingresan a una cárcel por estos delitos van a terminar contaminándose más y no de covid, sino de aprender mañas».
Dentro de los casos de mayor relevancia, la Fiscalía les atribuyó a los sindicados los hechos registrados el pasado 20 de julio a la altura de la calle 145 en la localidad de Suba donde según el ente acusador habrían protagonizado una confrontación violenta con miembros de la fuerza pública que trataban de controlar los desmanes registrados en la zona.
Según el Fiscal varios de los capturados llegaron al punto de atacar con bombas molotov a los uniformados de la Policía y agredir en el piso a algunos de los agentes, causándoles heridas de consideración.
«Esta organización realizó los actos vandálicos en el sector de la avenida Cali con avenida Suba, en la cual se llevó a cabo la tenencia y lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, bombas molotov en contra de la fuerza pública, determinándose además que agreden a uno de los policías, arrojándolo al piso y rompiéndole el escudo con el cual se están defendiendo, generándole lesiones en su integridad personal», manifestó el Fiscal.
En otro evento, según la Fiscalía los capturados destruyeron y vandalizaron un bus del Sistema Integrado de Transporte (SITP).
«De manera intempestiva es atacado el bus en su frontal con un objeto contundente al igual que el resto del automotor, el conductor preso del terror y la zozobra baja del vehículo sin siquiera apagarlo, los agresores tratan de retenerlo, pero este logra escapar y es auxiliado por la comunidad», relató al juez el Fiscal del proceso.
En otro evento delictivo que la Fiscalía atribuyó a los integrantes de La Primera Línea, el ente acusador señaló que atacaron de manera violenta el Centro Comercial Galerías en Bogotá y en un intento por evitar esta acción también fueron amenazados de muerte los vigilantes del lugar.
«Hemos logrado establecer que, Luis Alberto Simbaqueba y Karen Sulai Villa Herrera son los líderes de la organización tienen ese poder de convocatoria, de sembrar una idea en otros para llevar a cabo una conducta punible pública (…)», aseguró la Fiscalía.
En atención a las pruebas recolectadas por los investigadores de policía judicial, la Fiscalía formuló imputación de cargos contra los detenidos como supuestos responsables de los delitos de violencia contra servidor publico, concierto para delinquir con fines de terrorismo empleo o lanzamiento de elemento o sustancias peligrosas, perturbación a medio de transporte de servicio público.
La Procuraduría también apoyó a la Fiscalía y pidió a la juez dictar medida de aseguramiento contra este grupo de detenidos argumentando que representan un peligro para la comunidad.
Por su parte, la juez a cargo del proceso señaló que evaluará los argumentos y pruebas aportadas por las partes para determinar si envía o no a la cárcel a los diez jóvenes detenidos por actos de vandalismo.