El sábado 4 de junio se presentó un hecho sin precedentes en Colombia. Un juez del Tribunal de Ibagué, sin competencia, ordenó el arresto, por cinco días, del presidente Iván Duque, esto por un supuesto desacato a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Varios abogados y constitucionalistas explicaron que esa decisión fue inconstitucional y que el Tribunal de Ibagué se excedió en sus funciones. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo también terció en la polémica y señaló que “la majestad y el fuero presidencial se deben respetar”.
El defensor Carlos Camargo aseguró que “en mi condición de defensor del Pueblo y como abogado, me declaro respetuoso y obediente de los fallos de nuestra justicia, pero sí creo oportuno señalar que estas decisiones deben tener una proporcionalidad de acuerdo a la dignidad constitucional. Y me refiero a esto por la dignidad y majestad que representa el presidente de la República, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico nos ordena unos límites, sin renunciar a nuestras competencias”.
Además, el funcionario lanzó varias preguntas para que los especialistas respondan si hubo una extralimitación de funciones. “¿Frente a esta decisión que se toma por el Tribunal del Tolima, será que es competente? o, por el contrario, ¿será que hubo extralimitación de funciones por parte de los magistrados? Eso es muy importante en materia de precedentes, siempre respetuosos de la autonomía judicial, pero esto resulta un buen precedente”.
Al conocer la decisión, el presidente Iván Duque la calificó de “inconstitucional” y explicó que todas las sentencias se han cumplido, sobre todo las de protección ambiental.