GRAN ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA 4-72

Aunque se mantienen en reserva, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que si encontró mérito para una apertura de investigación administrativa alrededor de contratación realizada por Servicios Postales Nacionales S.A. mejor conocida como 4-72.

Una recomendación hecha por el exvicepresidente de Colombia y político del partido Cambio Radical, Germán Vargas, en el sentido de “destapar otra madriguera que pinta muy mal”, en referencia a casos de contratación cuestionables, en el 4-72, empresa pública encargada de los correos nacionales e internacionales y servicios postales, llevó a un pronunciamiento hecho este lunes por la SIC, entidad que enfatizó en que, efectivamente, en esa entidad se recibió el caso, por gestión del Dapre y de una queja de la Veeduría Ciudadana Control Público y Social, lo que motivó a 4-72 a presentar su denuncia.

Según estableció la SIC, la Delegatura para la Protección de la Libre Competencia está adelantando la investigación y, “si encuentra probadas las conductas las presenta ante el despacho del Superintendente para toma de decisión en conjunto con el Consejo Asesor”.

El relato entregado por la Superintendencia da cuenta de que recibió el caso en torno del proceso de contratación Nº IP001- 2021 que adelantó 4-72 el 5 de abril de 2021.

De acuerdo con lo anotado por la SIC, la solicitud la hizo Víctor Muñoz, director de la Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) al señor presidente de 4-72 y su directora de contratación, “quienes expusieron la posible comisión de prácticas restrictivas de la competencia y delitos económicos en el mencionado proceso contractual”.

En otras palabras, es lo que se llama colusión, que no es más que establecer acuerdos, como la fijación de precios y el reparto de mercados, para sacar provecho, sin que medie la libre competencia.

De esa manera empezó el trámite para resolver la queja, por lo cual, se empezaron a recepcionar documentos y pruebas necesarias para iniciar una investigación. Dentro del paquete recibido está la denuncia por parte de la Veeduría Ciudadana de Control Público y Social, en la que menciona el caso, el cual, según Vargas Lleras, habría pasado de agache en el Ministerio de las TIC: ‘No le pararon bolas’.

Cuatro empresas estarían involucradas en la denuncia alrededor de la contratación en cuestión: Macroservicios Express de Colombia; Transportes Occidental, Megatransportes L Y A Nacional, y Transportes especializados del Norte.

Entre los avances que menciona la SIC, luego de la revisión de los documentos, se destaca que “las actuaciones -en principio- no correspondían con una colusión u otra conducta donde se restrinja la libre competencia”.

Posteriormente, en el segundo semestre de este año, “la directora de contratación de 4-72 envió 763 folios a la Superintendencia”, en los que estarían las pruebas de la presunta colusión.

Según lo divulgado por la SIC, hasta el momento le han hecho solicitudes de información a la Cámara de Comercio de Tuluá, por la empresa Macroservicios Express de Colombia; Transportes Occidental y Megatransportes L Y A Nacional. De igual manera, la entidad requirió información de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, para averiguar por Transportes Especializados del Norte.

De ahí se estableció que “existe una relación entre las tres SAS de Tuluá, “las cuales no compitieron en los mismos grupos de los tres procesos de contratación denunciados por 4-72″.

La contratación adelantada por 4-72 hace referencia a la búsqueda de un oferente que pueda atender el servicio de transporte multimodal en la ruta nacional y sus ocho (8) regionales.

Para ello, se hizo una invitación pública que fue publicada en la página web del Secop II, la plataforma de contratación por la que debe pasar todo lo que se va a pagar con dineros públicos.

Una vez surtido ese paso y los que atañen al proceso de elección entre los oferentes, según expresó 4-72 a través de un comunicado, se procedió a escoger, dentro de diecisiete propuestas recibidas.

“La adjudicación se produjo en dos regionales y la ruta nacional, mientras que en las 6 regionales restantes se declaró desierta, porque no se cumplían los requisitos”.

4-72 también menciona el hecho de haber recibido la alerta por parte de la Veeduría Ciudadana de Control Público y Social, documentación que entregaron a las autoridades competentes.

La sensación que queda en Colombia es que la puerta rota de la contratación, que permite el paso de la corrupción, parece tener nuevas dimensiones.