Al contrario de lo que había sostenido la Fiscalía General de la Nación sobre el caso de Odebrecht, la entidad sí habría iniciado negociaciones de beneficios judiciales a cambio de información con varios de los implicados en el sonado escándalo de corrupción transnacional.
Así lo reveló este domingo el diario El Espectador, a partir de documentos extractados del “cartapacio” digital producto del hackeo que le hizo el grupo Guacamayas al organismo de investigación colombiano y que luego les filtró a varios medios de comunicación.
Por lo menos desde febrero de 2021 se habrían iniciado los acercamientos para lograr la colaboración con la justicia con el fin de esclarecer responsabilidades en el entramado corrupto que llevó al pago de comisiones millonarias a políticos y funcionarios públicos del país por parte de representantes de la constructora brasileña, de acuerdo con el diario bogotano.
En esos archivos filtrados se mostrarían los mensajes de ida y vuelta entre Mauricio Marangoni, Amilton Hideaki Sendai y el colombiano Yesid Arocha con fiscales.
“El primero dio detalles inéditos de la filigrana de cómo, según él, ideó todo el esquema de contratos falsos e inflados. El segundo desmenuzó el paso a paso de los negocios con los que se pagaron millonarios sobornos. Y el tercero salpicó a políticos y empresarios cuyo rol en Odebrecht aún no ha sido esclarecido por la justicia”, añadió el diario.
Marangoni, quien fuera directivo de la firma Consol que estuvo en la construcción de la Ruta del Sol 2, habría sido el “arquitecto” del esquema de para hacer llegar el dinero hasta los funcionarios que facilitaban la asignación de contratos. El mecanismo partía de sacar la plata como gastos de los proyectos y de esta manera les habrían reconocido sus comisiones a dos de los ya condenados: el exsenador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria.
También, según revelarían los correos, Marangoni salpicó a Esteban Moreno y aseguró que fue el puente para los supuestos aportes realizados a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos en 2014.
Si bien la Fiscalía ha tratado de minimizar el asunto de la violación de su plataforma informática por parte de los activistas de Guacamayas, lo cierto es que se trata de un volumen tan gran de información que ocupa cerca de cinco teras, según constataron periodistas de EL COLOMBIANO, que también tuvieron acceso a los datos.
Y existen documentos de todo tipo, desde correos con pruebas de casos de narcotráfico y corrupción, informes de interceptaciones telefónicas, datos de testigos protegidos y papeles relativos a la cooperación con agencias internacionales, hasta intercambio de mensajes amorosos entre investigadores de la Fiscalía.
Todo ello denota una falla de seguridad grave que ha llevado a la entidad a conformar un equipo de alto nivel para investigarla y mitigar su posible impacto. No obstante, públicamente la Fiscalía ha tratado de quitarle relevancia.