La Fiscalía General de la nación le pidió a la rama Judicial que cancele la audiencia de imputación de cargos que se iba a llevar contra el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
El ente acusador radicó este 2 de noviembre una solicitud formal para cancelar y retirar la formulación de imputación de cargos contra el gobernador electo.
Es que el mandatario, quien tomará posesión el 1 de enero de 2024, iba a ser vinculado en un proceso que lo señalaba como responsable de cometer algunas irregularidades contractuales al momento de construir dos CAI para la Policía cuando se desempeñó como alcalde de Rionegro (Oriente de Antioquia).
Los CAI fueron construidos en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, de Rionegro. De acuerdo con la Contraloría, el detrimento patrimonial en estas obras ascendió a $1.270 millones de pesos.
“Dicen que hay un detrimento patrimonial porque la Policía no ha recibido las obras de manera formal. Pero los CAI fueron construidos y terminados. El primero se entregó en 2017 y desde eso lo opera la Policía y el otro se entregó el último día de mi mandato”, le había explicado el gobernador electo a EL COLOMBIANO.
Lo cierto es que este llamado a imputación estaba radicado desde el 19 de septiembre de 2023 ante el Juzgado Municipal Penal Mixto de Rionegro. Sin embargo, se conoció públicamente 29 días antes de las elecciones regionales.
“La fuerza pública no recibió las obras formalmente y yo, por un trámite burocrático, no podía dejar de brindar soluciones en seguridad. Por este proceso no estoy preocupado y por su puesto lo asumiré con la responsabilidad que amerita, pero no es algo que debe preocupar a los antioqueños”, había dicho Rendón.
¿Por qué se iba a abrir el proceso?
La Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público fue la encargada de denunciar la aparente irregularidad. La organización encontró que en ambos sectores se registraron dos casos de homicidios y les llamó la atención que ninguna autoridad policial –que debía estar presente en el CAI– atendió los casos.
La Contraloría señaló, además, que estas estructuras fueron destinados en lotes que tenían un propósito distinto. Uno de ellos fue levantado sobre un predio que pertenecía a privados y el otro se construyó sobre un lugar que estaba destinado a un gimnasio al aire libre.
La Policía, por su parte, no brindó a estos CAI los avales para la entrada en funcionamiento y, por tanto, no entraron a la lista de sus centros de trabajo en el municipio.
En el proceso contra Rendón también iban a ser incluidos Hernán Darío Álvarez y Hugo Alberto Parra, exsecretarios de gobierno del ahora aspirante a la Gobernación de Antioquia.