Los investigados supuestamente intervinieron en un proceso de licitación y avalaron estudios previos que no cumplían con los requisitos.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá formuló imputación de cargos en contra de Libardo Alfonso Celis Yaruro, ex subdirector general de Infraestructura de la Dirección General del IDU, y de Giovanny Enrico González Pinzón, ex director técnico de Diseño de Proyectos de citada subdirección en el instituto, por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
De acuerdo con la investigación adelantada, los hoy procesados, ostentando sus cargos, presuntamente intervinieron en el proceso de licitación pública No. IDU-LP-SGI-015-2012 el cual tenía por objeto el “Mantenimiento estructural y actualización sísmica de la Plazoleta y sótano de parqueaderos del Concejo de Bogotá y las obras de espacio público hasta el costado norte de la Calle 26”, en el marco del cual habrían avalado los estudios previos necesarios para la realización de la obra.
Se presume que tales estudios fueron insuficientes y se encontraban desactualizados, además se supone que se utilizó una licencia de construcción vencida, la cual debía actualizase o volver a elaborarse conforme a las normas de sismología y al POT vigentes para el año 2013, motivo por el cual se suscribió, al parecer, de manera irregular, el contrato de obra pública 759 de 2013.
Por no contar con los diseños actualizados para el año 2013, ni la con la posterior licencia de construcción de la obra, se generaron múltiples suspensiones y prorrogas durante la ejecución del contrato, cuya fecha de terminación real fue el 06 de octubre de 2016, ocasionando un detrimento al patrimonio público por valor de $1.367’847.956. Así mismo, se evidenció que, a través de adiciones, este contrato superó el 50% del monto inicial, en contravención del Estatuto de Contratación Estatal.
Por otra parte, los investigados habrían avalado y suscrito de igual modo los estudios previos del Concurso de Méritos No. IDU-CMA-SGI-025-2012, que dio origen a la celebración del contrato de interventoría No. 823 de 2013, precisamente para la interventoría técnica, legal, financiera, social, ambiental para el mantenimiento estructural y actualización sísmica de la plazoleta y parqueaderos, delegando en el interventor una obligación propia del IDU y que debía ser tramitada previamente por la entidad.
En este proceso, igualmente se evidenció que los estudios y documentos previos del contrato de interventoría fueron insuficientes y se encontraban desactualizados.
Por lo anterior se habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad, propios de la contratación estatal.
Durante la audiencia realizada ante el Juzgado 34 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, ninguno de los dos procesados aceptó su responsabilidad.
Para la Fiscalía, la lucha contra la corrupción es una prioridad, según los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Tomado de fiscalía general de la nación