El próximo seis de octubre se desarrollará la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se conocerá si se precluye o se acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal.
El proceso jurídico surgió cuando el abogado Diego Cadena, quien representó al expresidente, habría buscado testigos para que desmintieran las acusaciones que lo relacionaban a su defendido con paramilitares.
Además, en mayo de este año la juez 41 penal del circuito, Laura Barrera, decidió no precluir el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En la audiencia, la juez argumentó su fallo aclarando, «sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo anterior, la Fiscalía no acreditó atipicidad del comportamiento y, por tanto, el despacho negará la solicitud de preclusión».
La defensa del expresidente Uribe, junto con la Fiscalía, hicieron la petición de precluir la investigación argumentando que las conductas descritas en el proceso no eran delito ni tampoco había elementos para probar el papel delictivo del expresidente Álvaro Uribe.
Sin embargo, la juez 41 afirmó que sí hay pruebas suficientes para que se mantuviera la investigación contra Uribe, entre ellas, una llamada entre Cadena y Uribe, en la cual, al parecer intentaron sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, en calidad de testigo.
Al conocer la decisión, el expresidente y líder del partido político Centro Democrático aseguró que dejaría de lado su participación política para concentrase en su defensa, pero a la fecha se le ve muy activo en su apoyo de diversas campañas, especialmente en Antioquia y Bogotá.