A través de un trino en el que la Defensoría del Pueblo se mostraba como acompañante del proceso, se conoció este fin de semana que Oneida Reyeth Pinto Pérez, exgobernadora de La Guajira, se entregó a las autoridades para responder por acusaciones de presuntas irregularidades en contrataciones para obras civiles en el departamento.
La entrega de Oneida Pinto se cumplió en el Comando de Policía de Riohacha, capital del departamento.
Hace una semana, juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha había ordenado prorrogar por un año más la orden de captura en contra la exmandataria, por solicitud de la Fiscalía General de la nación.
La orden había sido emitida inicialmente el cinco de julio de 2019, luego de que a Oneida Pinto le imputaran los cargos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
En su momento, la Fiscalía acusó a la mandataria del detrimento de al menos $ 12.590 millones, provenientes de las arcas del Estado, que supuestamente habían sido usados para poner adoquines en el municipio de Albania, entre 2010 y 2011.
A Oneida Pinto se le había visto por última vez el 18 de junio de 2019, día en que la fiscal delegada solicitó la medida de cárcel en su contra, la cual fue admitida por el juez. Desde entonces, Pinto había estado prófuga de las autoridades.
