Uno de los peores estragos que causa la corrupción, traducida como el robo de los dineros públicos a través de cualquier tipo de artimaña, donde se ven involucrados funcionarios estatales, empresarios igual de corruptos o personas del común con ansias de enriquecerse de la noche a la mañana, es el atraso en que mantienen a los habitantes de las regiones donde viven y ejercen sus funciones.
Y la Costa Caribe colombiana es una muestra clara de esas consecuencias.
El más reciente informe del Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2023, publicado por el Consejo Privado de Competitividad, que presenta cada año una visión integral del desempeño de las ciudades y un diagnóstico del estado competitivo de los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, para el año 2023, da cuenta de lo rezagados que están todos los departamentos de la Región Caribe, a excepción del Atlántico, con respecto al resto del país.
Entre los pilares que analiza el factor de capital humano, destaca el de Educación Básica y Media que permite revisar la cobertura y la calidad de la educación de los 32 departamentos y la capital del país. En una escala de puntuación de 0 a 10, este pilar es liderado por Boyacá, con una puntuación de 8,23, seguido de Santander, con 7,96, y Quindío, con 7,52.
Por el contrario, los departamentos de la región Caribe se sitúan entre los que ofrecen menos cobertura y calidad educativa del país. Por ejemplo, Atlántico se ubica en el puesto 15, con un puntaje de 6,45; Bolívar puesto 18, puntaje 6,27; Córdoba en el puesto 19 con un puntaje de 6,00; y Magdalena en el puesto 27, solo por arriba de los departamentos del Chocó y la región amazónica.
A este informe, se suma el de la clasificación del ICFES de los colegios públicos de la región con base en las pruebas Saber 11 de 2023, en el cual se reveló que el 63 % de los colegios públicos de la región Caribe se ubicó en el nivel de desempeño más bajo (D) el año pasado.
La pregunta obligada
Y la pregunta obligada es ¿A dónde van a parar entonces los millonarios recursos que destina no solo el Gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones, sino los que capta cada entidad territorial por cuenta de estampillas o impuestos de los contribuyentes, con destino a ofrecer una educación de calidad a los miles de estudiantes de la Costa?
Uno de esos ejemplos es el contrato que firmó la Gobernación de Córdoba por $27.203 millones 876 mil pesos, con la Iglesia Cristiana Jehová Edifica, para atender durante el 2024 a 8.830 estudiantes de zonas rurales e indígenas de los municipios de Puerto Libertador, Tierralta y Montelíbano, en el sur del departamento.
Se trata de contratos que el Ministerio de Educación autoriza con instituciones públicas o privadas precisamente para solventar la demanda de estudiantes que supuestamente supera los cupos ofrecidos por el sector oficial.
Según el objeto contractual se trata de prestar no solo el servicio educativo, sino garantizar que se suministre la llamada canasta educativa por valor de $22.283.559.028 con destino a estudiantes no indígenas y $4.920.317.072 a población indígena.
La mencionada entidad religiosa, tiene a su cargo por cuenta de este contrato, la administración y contratación de docentes de las instituciones educativas Centro Educativo Juan XXIII, Centro Educativo La Trinidad, Centro Educativo Francisco José de Caldas, Centro Educativo Pio XII, Centro Educativo Rural Frasquillo, Centro Educativo Rural San Felipe de Cadillo, Escuela Nueva el Carmen de Saiza y la Institución Educativa de Batata, ubicadas en zona rural del sur de Córdoba.
El valor del contrato contempla además del pago de docentes, valores de arriendo de las sedes, una extensa dotación de material didáctico y escolar tanto para alumnos como profesores, y otras ‘arandelas’. Nótese que los nombres de las instituciones no tiene nada que ver con el espíritu de la Iglesia Cristiana Jehová Edifica.
Sin embargo, la revisar los precios de algunos de estos materiales, se evidencian sobrecostos, o precios que en el mercado pueden ser menores.
Por ejemplo, en la canasta con que se dotará a estudiantes de secundaria, figura la compra de unos 446 morrales por valor de $112.545, cada uno, cuando en papelerías de Montería, Medellín o Barranquilla, se pueden adquirir estos artículos con precios que van desde los $69.900.
Igual ocurre con cuadernos cocidos de 100 hojas que la Gobernación de Córdoba adquirirá por $6.550, los mismos que en el mercado se consiguen fácilmente en $4.900; o las calculadoras que dicen haber adquirido en $45.803, siendo que las llamadas calculadoras científicas se pueden conseguir desde $20.000 y las más sencillas desde $8.400.
Además figura un Item relacionado como: «Apoyo pedagógico y administrativo que se hará mediante la implementación de estrategias, actividades y acciones pedagógicas que aporte a la cualificación de docentes, estudiantes y directivos docentes que deben ir articuladas con la propuesta pedagógica y acorde a los elementos que contempla el PEI o PEC de cada entidad educativa, por la que el Departamento pagará $1.766 millones».
Así como se incluyen otros $2.239’012.222 destinados para la «correcta ejecución de las actividades propias del proyecto tales como, comunicaciones, transporte de personal, transporte de elementos de la canasta en general y servicios logísticos para la entrega de esta».
Pero el tema no queda ahí. Esta tercerización de los servicios educativos por parte de la Gobernación de Córdoba, se sustenta en la supuesta falta de docentes en zonas rurales del departamento, principalmente; sin embargo, la entidad territorial ha terminado entregando desde hace ya varios años, millones de pesos a esta comunidad cristiana que no está registrada ante el Ministerio de Educación, ni cuenta con experiencia en servicios educativos.
Como gerenta de la iglesia, figura Lina Sofía León Salas, quien según datos consignados en Linkedin, es licenciada en Teología Pastoral de la Universidad Reformada del Atlántico y ha cursado estudios en administración pública.
Esta iglesia viene celebrando este contrato con la Gobernación como operador de estos centros educativos en el sur de Córdoba desde el 2016, es decir ocho años. Y las quejas por el atraso en pago de docentes, por el no inicio a tiempo del calendario escolar en algunas zonas, pese a que el contrato se le ha otorgado por 11 meses del año, y la no entrega de los elementos contemplados en el contrato, han sido recurrentes cada año.
Ya en diciembre del 2017, tal como lo reseñó el periódico El Universal, unos 180 profesores, contratados bajo la modalidad de Banco de Oferentes por la Gobernación de Córdoba, pasarán el Año Nuevo sin un peso en el bolsillo, pues la iglesia cristiana Jehová Edifica no les había cancelado el mes de noviembre, ni sus primas, ni prestaciones.
Y aquí vale recordar que la primera contratación que hizo la gobernación con esta iglesia cristiana, fue siendo gobernador, Edwin Besaile, quien se había comprometido a eliminar los bancos de oferentes en ese año, y terminó firmando dos contratos con dicha comunidad religiosa para la prestación de los servicios educativos en el alto Sinú y San Jorge y en la zona indígena en Río Verde, Tierralta. Desde entonces, el contrato se ha mantenido.
Besaile fue destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos por cuenta de la Procuraduría General de la Nación, al encontrarlo culpable de delitos de corrupción en diferentes actuaciones durante su mandato. Además que sigue siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por su participación en el llamado ‘Cartel de la Hemofilia’, y otra serie de irregularidades que contemplan incluso delitos electorales para conseguir ganar la Gobernación en el año 2015.
Más denuncias
Volviendo a las denuncias de los docentes en el 2017, en esa oportunidad aseguraron que a los profesores no les entregaron las dotaciones que señalaba el contrato y que el material que le dieron a los niños era de muy mala calidad, pues al mes de haberlos entregado ya los bolsos se habían roto.
Así mismo en reiteradas oportunidades la Asociación Colombiana de Maestros de Córdoba, Ademacor, ha señalado que este es un problema muy profundo, que viene afectando a la educación, al departamento y a los municipios certificados hace mucho tiempo, pues la situación es recurrente cada año.
Incluso en la actualidad, pese a que el mencionado contrato fue firmado a principios de febrero, aún instituciones educativas como la Pio XII en Puerto Libertador, están a la espera de los profesores, y solo cuentan con cinco de planta del Magisterio.
Padres de familia afirman que desde que este operador asumió las funciones administrativas, las clases siempre empiezan en marzo o abril y que terminan a principios de noviembre.
En pesos esto quiere decir que la mencionada comunidad cristiana se ahorra una millonaria cantidad de dinero al nombrar docentes por menos tiempo de lo que exige el contrato, el cual incumple flagrantemente sin que ningún órgano de control haga algo para evitar este raponeo que afecta directamente a estudiantes de esta zona de Córdoba.
En comparación, la Alcaldía de Cali, ha venido contratando con la Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría, perteneciente a los Colegios Arquidiocesanos, con una vasta experiencia en el servicio educativo, a través de la modalidad de banco de oferentes, la matrícula para 13.725 estudiantes de sectores vulnerables de la ciudad, en un total de 11 sedes educativas.
El valor total de este contrato es de $30 mil millones de pesos al año, que equivale a $2.185.792 pesos por estudiante, mientras que en el contrato entre la Gobernación de Córdoba y la Iglesia Cristiana Jehová Edifica, el costo de cada alumno termina siendo de 3’358.500 pesos.
Los buenos resultados para los socios de este “negocio” entre la Gobernación y la iglesia cristiana, contrastan con la mala calidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas a su cargo, demostrada por los resultados de las pruebas de Estado, así como con el maltrato que dan a los docentes año tras año.
Vía Corrupción al Día