La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación buscan a otros implicados además de los que estuvieron relacionados con la falsificación de las garantías en medio del escándalo del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.
Entre los nombres que suenan está la empresa que firmó el contrato con el Ministerio TIC para revisar las pólizas, SES de Colombia, cuyo contrato era de una cuantía importante.
Según información aportada por testigos, esta empresa revisó una de las garantías en 18 minutos y certificó que la póliza estaba bien. Además, fue contratada por el Ministerio para revisar pólizas y riesgos de los contratos, y ahora está en el ojo del huracán por cuenta del aval que dieron.
La Fiscalía investiga a la asistente del supervisor del polémico contrato para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales de Colombia.
Según fuentes judiciales, Centros Poblados habría presentado una garantía falsa fabricada por Jorge Molina García y, al ganar el proceso, el siguiente paso era presentar una garantía de cumplimiento.
Las cabezas de Centros Poblados empezaron a buscar aseguradoras y al toparse con varios inconvenientes, escribieron al Ministerio TIC solicitando un plazo.
Fuentes judiciales confirmaron que los contratistas se reunieron con el comité de licitación y ahí la secretaria general les dio un ultimátum y una negativa al plazo. La información fue enviada al banco Itaú, pero los investigadores encontraron que el correo del banco era falso y rebotó.
Por eso, a Fiscalía busca establecer si la funcionaria que envió el correo tenía conocimiento de los hechos, si sabía que el correo era falso o cómo no se dio cuenta del rebote del correo.