Una empresa del cuestionado industrial Carlos Mattos donó $560 millones a la campaña de Iván Duque en 2018, pero la plata dio la vuelta por el Partido Centro Democrático, debido a que en Colombia están prohibidas las donaciones de personas jurídicas, de empresas, a las campañas presidenciales. Solo se permite de personas naturales.
La compañía Inmobiliaria CMB SAS, propiedad de Mattos, donó los $560 millones y, según el acta de su junta directiva en agosto de 2018, la plata se aprobó para la campaña presidencial pero terminó en las cuentas del Centro Democrático. Esta donación se sumó a las de las empresas Ingenio Risaralda por $100 millones y Comtek SAS por $1 millón y, en ambos casos, sus representantes legales enviaron cartas al partido indicando que el dinero era para la campaña presidencial, pese a la prohibición legal.
El acta de junta de CMB está firmada por Carlos Mattos Barrero, principal accionista y hoy a la espera de que se resuelva su extradición a Colombia para responder por presuntos sobornos en procesos judiciales, cuando se desarrollaba su pleito contra la multinacional coreana Hyundai a la que representó en Colombia por más de dos décadas.
Lo extraño es que el Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió archivar las indagaciones contra la campaña del hoy presidente Iván Duque y el gerente de campaña Luis Guillermo Echeverri, pero mantuvo las indagaciones contra el Centro Democrático por estas donaciones, pese a que las mismas están directamente relacionadas. El CNE debe determinar si la plata de las tres empresas sí entró a la campaña de Duque, como lo dispusieron los donantes, o en qué la gastó el partido.
Mientras tanto, la defensa jurídica de Mattos en Colombia y España considera que esta donación debería haber conducido a un impedimento para Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el proceso de extradición. Los abogados estudian si radican recusación, especialmente contra la también canciller, buscando la nulidad de todo lo actuado.
De acuerdo con el Código Penal, la financiación ilegal configura dos delitos: financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales, en ambos casos con prisión de 4 a 8 años.