Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Asociación Colombiana de Veedurías Ciudadanas (Aso-Red)
¿Cuál es su labor?
La función constitucional de la defensoría del pueblo de Colombia consiste en orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Al mismo tiempo, debe divulgar los derechos humanos, además de un extenso catálogo de responsabilidades.
Situación étnica.
Pero vemos que esta cartera no ha mediado en los conflictos internos de los sectores indígenas, afrocolombianos y demás fracciones intraculturales e intraétnicos de las comunidades y pueblos que así lo han requerido. Tampoco ha analizado la legislación étnica relacionada con la construcción e implementación de políticas públicas, ni ha emitido recomendaciones al respecto.
Medio ambiente.
No hemos observado que esta dependencia se ha haya comprometido en el desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible y de las disposiciones legales vigentes, en especial las relacionadas con el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, de prevenir, controlar los factores de deterioro ambiental, fomentar la educación climática, la protección y mejoramiento continuo del medio ambiente.
Hace rato, la Entidad formuló y adoptó el Plan de Gestión Ambiental, pero no se han visto los resultados de ese proyecto que debió consistir en minimizar los costos e impactos ambientales, aportar en la consecución del desarrollo sostenible y en la garantía del derecho a gozar de un ambiente sano, mediante el uso sostenible de recursos, el ahorro de energía, de agua, la implementación de criterios ambientales para la compra y uso de insumos ecoeficientes y la gestión integral de los residuos sólidos. En este sentido, se requería el compromiso de cada uno de los funcionarios a través de un cambio de actitud que conllevara a establecer una verdadera cultura ambiental en la Institución, pero no hubo resultados de ese Plan.
Líderes sociales.
La sociedad civil nota con preocupación que la violencia ejercida por los actores armados no estatales y los grupos armados de crimen organizado persiste en los territorios más vulnerables, con acciones tendientes a intimidar y generar daño en las comunidades de todo el país, tales como amenazas, restricciones a la movilidad, atentados contra la integridad personal, homicidios, y siguen avanzando en sus intereses por las economías ilegales, intimidando y hostigando a la población civil.
De la misma manera se ha podido constatar que persiste la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos; los homicidios selectivos son graves y deben ser objeto de medidas contundentes de investigación y esclarecimiento. Las autoridades están obligadas a promover más acciones encaminadas a la prevención, máxime cuando hay escenarios de riesgo advertidos por alertas tempranas de la misma comunidad. Pero La Defensoría del Pueblo aduce que la pandemia está limitando su labor para defender los derechos humanos.
Salud.
La Defensoría del Pueblo admite que las circunstancias actuales de violencia condicionan las posibilidades de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, configurando una doble afectación en las comunidades más vulnerables del país, y que la única opción que le queda a la Defensoría del Pueblo es pedirle a todos los actores armados no estatales cualquiera que sea su origen, motivación, capacidad y orientación, para que en virtud del principio de humanidad:
1. Reduzcan, hasta la eliminación, el empleo de la violencia armada.
2. Cesen la violencia e intimidación contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
3. Respeten y permitan la acción de la misión médica para la prevención y atención del COVID-19, así como el abastecimiento de bienes esenciales para mantener el aislamiento preventivo obligatorio.
Educación.
Acerca de la alimentación de los niños y niñas (Programa de alimentación escolar, PAE) que ha quedado a merced de intereses privados que se benefician de la complicidad de funcionarios públicos y la negligencia de los entes de control, no vemos por ningún lado la mano de la Defensoría del Pueblo que, en el tema educativo, se ha limitado al control de los útiles escolares y hablar con Fecode.
Jornadas de protestas.
La Defensoría del Pueblo, durante las movilizaciones sociales, se limitó a solicitar investigación por los fallecidos, pero pasadas las marchas se olvidó de exigir resultados, como si los familiares de los asesinados no tuvieran derechos.
La rosca.
Si un defensor del pueblo tienen el apoyo del presidente de la nación y de los partidos con más curules en el Congreso, ¿qué esperanza tiene el pueblo de que sus derechos sean protegidos?
¿Cómo debe ser un defensor del pueblo?
La Defensoría del Pueblo debe ser administrada por una persona que no esté cuestionada, que no gaste tantos recursos en publicidad, que haga informes periódicos por cada región, que no muestre propaganda, ni informes amañados, sino que revele acciones, resultados, porque el defensor del pueblo representa la base moral de las instituciones del Estado.