Una nueva polémica desató el presidente Gustavo Petro al lanzar fuertes acusaciones a la política de sustitución de cultivos ilícitos implementada por gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
En su afán para combatir la lucha contra las drogas, el mandatario señaló que este programa fue un “antro de corrupción”, que no cumplió con las promesas dadas a las comunidades. Al respecto, Santos publicó una carta firmada por dos de sus exfuncionarios, Eduardo Díaz y Rafael Pardo, exconsejero presidencial para el Posconflicto, donde explica cómo se destinaron los recursos de los campesinos del programa.
En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Eduardo Díaz, exdirector de Sustitución de Cultivos Ilícitos, aseguró que la política implementada por el expresidente Santos se realizó de forma individual porque así lo estipula el Acuerdo de Paz:
“El programa de Sustitución de Cultivos no fue una invención mía, ni de Pardo, ni de Santos, y así lo definió el Acuerdo de Paz por una sencilla razón, hoy la ley, en el Código Penal, se establece que tener cultivos ilícitos es un delito según el artículo 375 y en materia penal las responsabilidades son individuales y no colectivas”.
Según explicó, el propio acuerdo con las FARC estableció que para subsanar y corregir el tema de sustitución se debía sacar una ley de alternatividad penal que hiciera cesar la responsabilidad penal de los cultivadores si entraban al programa de sustitución.
Pese a que esa ley se presentó al Congreso de la República, no tuvo tránsito en el Senado y en la Cámara por la resistencia que en su momento presentó el entonces fiscal General de la Nación.
Banco Agrario
Sobre la supuesta participación de intermediarios que se “robaron los recursos públicos dirigidos a los campesinos” que expuso Petro, Díaz manifestó:
“Él habla de unos intermediarios y nos acusa horriblemente de ladrones. Los campesinos con los que se hacía el acuerdo debían recibir un $1.000.0000 mensuales y durante un año. Esa plata la manejó el Banco Agrario, es decir, que con base a los listados que entregábamos, el banco directamente le daba la plata a cada campesino o familia campesina”.
Esas entregan se hicieron bimensual por razones de dificultades logísticas, en muchos de esos sitios ni siquiera hay corresponsales bancarios, incluso al principio fue necesario hacer la entrega física del dinero, pero no hubo nunca un intermediario, esas declaraciones son totalmente falsas”, agregó el exfuncionario.
Acompañamiento de las Naciones Unidas
De acuerdo con Díaz, tiempo después, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, se acudió al acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), encargada de hacer el seguimiento y monitoreo en terreno a la erradicación voluntaria.
El exdirector del programa indicó que en el gobierno del expresidente Iván Duque, esta oficia de las Naciones Unidas fue retirada e hicieron licitaciones para contratar operadores de los proyectos de sustitución: “Eso fue cuatro años después de que nosotros hubiéramos salido, entonces al presidente lo mal informaron y no tuvo la precaución de verificar y no sé por qué razón sale a atacar al gobierno Santos”.
Por último, aseguró que la planificación se llevó a cabo en espacios colectivos, con la participación directa de los campesinos, sus organizaciones y de las entidades públicas. Además, contó con el acompañamiento de un centenar de excombatientes de las FARC-EP, firmantes del Acuerdo de Paz.