Investigadores de la Dijín y con apoyo de la Fiscalía desmantelaron una red delincuencial dedicada a falsificar medicamentos para el tratamiento del cáncer y que tenía tentáculos en Montería, donde se realizaron allanamientos.
La organización ilegal es señalada de adulterar medicamentos para enfermedades de alto costo y de uso exclusivo del sistema de salud, para ponerlos a la venta en Montería (Córdoba)Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).
La organización ilegal, al parecer, obtenía los productos de manera subrepticia en entidades prestadoras de salud (EPS). Posteriormente les modificaba las fechas de vencimiento y lotes de fabricación, les cubría las leyendas de uso institucional, y los comercializaba a un mayor costo.
Durante la investigación se conoció que los tratamientos alterados, presuntamente, fueron distribuidos a través de una asociación dedicada a la atención de personas enfermas de cáncer en Antioquia, y en cadenas de droguerías de diferentes ciudades.
De igual forma, se estableció que se habrían ofrecido sin autorización medicamentos que producen adicción o dependencia, elaborados con narcóticos y opioides, los cuales tienen una restricción y regulación especial.
En 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y Montería fueron capturados 11 personas
En los procedimientos se detectó lo que sería una fábrica ilegal de cosméticos, centros de almacenamiento de medicamentos vencidos o en mal estado, así como los lugares en los que se alteraban cajas y empaques.
En total, fue incautada una tonelada de productos. Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los detenidos, según el posible nivel de participación, delitos como: usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; y estímulo al uso ilícito.
Entre los procesados está el presunto cabecilla de la red, Ramón Antonio Pérez Díaz, supuesto socio del andamiaje ilegal, y a quien se le atribuye la posible distribución a gran escala de opioides sintéticos y sustancias médicas de uso controlado que generan dependencia.
Los demás investigados cumplían diferentes roles ilícitos. Algunos serían los encargados de conseguir mediante diferentes maniobras los medicamentos, otros los alteraban y modificaban su presentación, y un grupo se dedicaba a la comercialización.
Vía GS Noticias