Hasta el 31 de diciembre de 2020 estará vigente la norma que subsidia el pago de servicios públicos y aseo. Así lo declaró la Corte Constitucional.
Sin embargo, declaró que las entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo del servicio público de aseo de los usuarios, siempre y cuando se tenga en cuenta la disponibilidad presupuestaria así como la priorización de dichos recursos para ciudadanos que cuenten con menores ingresos y se encuentren en dificultades para estar al día con sus obligaciones.
Para cumplir esta obligación, el giro lo realizarán las entidades directamente a los prestadores de servicios de aseo; esto implica que la facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía o gas, podrá ser asumida total o parcialmente los costos de servicios públicos de aseo.
En términos prácticos, el 31 de diciembre concluye el periodo de subsidios que el Gobierno Nacional estableció para que los usuarios cumplieran sus obligaciones con los prestadores de servicios públicos. Sin embargo, las entidades podrán destinar recursos para ayudar a usuarios de estratos bajos en el pago total o parcial de las obligaciones.
La Corte Constitucional concluyó que la norma cumplió con las exigencias formales y materiales previstas en la Constitución, en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y precisadas en la jurisprudencia de la corporación, por lo que la declaró constitucional.
Tomado de gsnoticias