Se trata de 13 cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles ubicados en el departamento de Antioquia, un embargo por hasta $4,23 billones.
En el marco del proceso de responsabilidad fiscal que imputó la Contraloría General de la República (CGR) el año pasado por el caso Hidroituango, el ente de control, como medida cautelar, ordenó el embargo de cuentas bancarias y bienes de Integral S. A., firma diseñadora del proyecto hidroeléctrico.
El embargo es por hasta $4,23 billones. Se trata de 13 cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles ubicados en el departamento de Antioquia.
Las medidas cautelares decretadas, según explica el auto de la CGR, “tendrán vigencia por el término que dure el proceso de responsabilidad fiscal UCC-PRF-014-2019. De proferirse fallo con responsabilidad fiscal, las mismas se extenderán hasta la culminación del proceso de cobro coactivo”.
Según el auto, contra estas medidas proceden los recursos de reposición y apelación.
Empresas Públicas de Medellín, responsable de Hidroituango, expresó en un comunicado: “EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”.
En una rueda de prensa convocada para la mañana de este miércoles, Jorge Andrés Castillo, recientemente nombrado gerente de EPM, aseguró que “hay un compromiso entre las partes involucradas con la continuidad del proyecto; la continuidad inmediata está garantizada”.
Castillo aseguró que, hasta el momento, no cuentan con notificaciones oficiales sobre las actuaciones de la Contraloría. Por ello, se encuentran analizando con los consorcios del proyecto cuáles son los escenarios posibles del proyecto.
El gerente también explicó que, por pedido de la junta directiva, este riesgo ya se había identificado y se elaboró un “plan de continuidad” del proyecto. Sin embargo, no se conocen detalles de ese plan o si será necesaria su aplicación, pues, según Castillo, la información no es oficial y los análisis sobre el tema están en una etapa preliminar. El gerente aseguró que en unos días podrían informar, con más profundidad, sobre cuáles serían los escenarios y acciones que se desprenderían de este hecho.
Así mismo, Castillo aseguró que, aunque respetan la autonomía y las decisiones tomadas por las instituciones, se buscarían reuniones de alto nivel con el Gobierno y los órganos de control. En estas mesas de trabajo, según el gerente, se busca explicar que el proyecto no sólo tiene cronogramas y temas de construcción y seguridad, sino que también cuenta con compromisos adquiridos en términos de generación de energía. “Queremos estar seguros de que cada actor y el gobierno nacional conocen esto”, puntualizó Castillo.
Por último, el gerente de EPM aseguró que el proyecto no está desfinanciado, ni que el embargo de cuentas procede contra la empresa, sino contra los contratistas.
Las medidas de la Contraloría abren preguntas, cuyas respuestas no se conocen aún: ¿podrá el proyecto continuar con su camino planteado? Si no, ¿se terminará en los mismos tiempos? ¿Qué otros procesos legales, como imposición de cláusulas de cumplimiento a los contratistas, podrían activarse si los actuales no pueden terminar el proyecto?