El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, se refirió desde Buenaventura a las acciones que adelanta el ente de control en el caso del polémico contrato del Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones para llevar internet a las escuelas rurales del país.
Córdoba apuntó que desde el pasado martes 17 de agosto se abrió un proceso de responsabilidad fiscal al contrato, con el que se busca recuperar el anticipo de $70 mil millones que fueron entregados a la Unión Temporal Centros Poblados. Tres representantes legales y cuatro empresas que hacen parte de la Unión Temporal ya han sido vinculados al proceso.
«Lo que estamos verificando, y yo pido que entiendan la reserva del caso, es que tenemos que verificar las cuentas, los datos, mirar qué es lo que se tiene dentro del proceso», manifestó el Contralor.
Según señaló, «la norma nos deja resguardar hasta $140 mil millones, lo cual ya se está desarrollando».
En coordinación con la Fiscalía se están rastreando los bienes y las cuentas de los implicados.
La irregularidad en el contrato entre el Mintic y la Unión de Temporal Centros Poblados para conectar a la red de internet a 14.745 escuelas rurales del país fue detectada cuando, tras presentar retrasos en la ejecución, se descubrió que al parecer la Unión Temporal usó garantías bancarias falsas.
El Ministerio abrió el proceso de caducidad del contrato y fue entonces cuando, durante una audiencia, el banco Itaú señaló que la garantía presentada no había sido expedida por la entidad.
El pasado viernes 13 de agosto se declaró la caducidad del contrato y ahora el Gobierno busca recuperar los $70 mil millones que fueron girados a la Unión Temporal a manera de anticipo.