Desde hace un poco más de cinco años, el Consejo de Estado debate si las normas expedidas por el Gobierno que le dieron vida al uso del fracking en el país son convenientes o no para el medio ambiente y la salud de los colombianos.
Se espera que, después de tanto debate, para 2022 por fin se conozca un veredicto del alto tribunal.
El proceso se ha demorado porque al igual que el aborto en la Corte Constitucional, se han presentado una serie de recursos judiciales que han frenado las discusiones, entre nulidades, recusaciones e impedimentos de magistrados.
El despacho del entonces magistrado Ramiro Pazos intentó acelerar el caso. Antes de terminar su periodo en esa corporación presentó una ponencia que tumbaba las normativas, pero el proyecto no obtuvo las mayorías en la sala en mayo del año pasado.
Ese debate pasó al magistrado Jaime Rodríguez, quien reemplazó a Pazos, y su trabajo fue estudiar nuevamente todo el expediente y presentar una nueva ponencia que ya está en estudio por parte de la sala.
Así las cosas, y aunque se han presentado siete salas discutiendo la nueva ponencia, el Consejo de Estado promete darle tramite al tema durante el primer semestre del 2022, a partir del próximo 11 de enero cuando la Rama Judicial retoma labores después de las festividades de fin de año.
Las discusiones son sobre una demanda que pide tumbar el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía, que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de fracking.
Otra discusión en la mesa del Consejo de Estado es la demanda contra los pilotos de fracking que esa en el despacho del magistrado Nicolás Yepes, y que también se ha demorado por recursos judiciales como recusaciones y nulidades.
Algunas fuentes creen que esa decisión saldría después de que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo sobre la demanda contra las normas de fracking.
Otro pendiente tiene que ver con la demanda que pide sacar al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de la junta directiva del Banco de la República.
El Consejo de Estado tiene que decidir si traslada ese caso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca después de recibir peticiones en ese sentido de la procuradora, Margarita Cabello.
Esa demanda la interpuso el ciudadano Joan Sebastián Moreno, advirtiendo que supuestamente con la elección de Carrasquilla se estaría violando la ley de cuotas de género que exige la participación del 30% de las mujeres en altos cargos del Estado.
Así mismo, este año el Consejo de Estado decidirá sobre el recurso que interpuso la multinacional brasilera Odebrecht, con el cual busca tumbar la millonaria condena en su contra como indemnización al país, por los hechos de corrupción relacionados a las obras viales.
En medio de esa discusión, el Alto Tribunal deberá decidir si absuelve o no a la sociedad CSS Constructores S.A que resultó envuelta en la condena por tener una participación accionaria del 4.99% en la sociedad concesionaria Ruta del Sol S.A.S.