Una Juez de Cartagena condenó a más de 39 años de cárcel a Margareth Lizeth Chacón Zuñiga al ser considerada pieza clave en el homicidio del Fiscal de Paraguay Marcelo Pecci. La condenada fue hallada culpable de cometer los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico ilegal de armas.
Además, la Fiscalía demostró que la camioneta que se usó en el crimen era propiedad de Chacón y que en esta se transportaron los insumos para los sicarios como el dinero y las armas.
«Condenar a Margaret Lizette Chacón Zúñiga en pena principal de 478 meses de prisión como coautora de delito de homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Imponer a la prenombrada condenada la pena accesoria e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años y la privación a la tenencia y porte de arma de fuego y municiones por el laxo de 4 años y 6 meses», ordenó la Juez.
El homicidio del fiscal Marcelo Pecci, ocurrió el 10 de mayo de 2022 y fue perpetrado por sicarios en las playas de la Isla de Barú (Bolívar), mientras se encontraba en su luna de miel con su esposa.
De acuerdo con las investigaciones, Chacón fue la financiadora y responsable de la logística de este homicidio y se estableció que participó en varias reuniones cinco días antes de ejecutar el crimen.
Los encuentros en donde se organizó el plan fueron en Medellín, Aguachica y en Cartagena, donde acabaron con la vida del fiscal.
Margaret Chacón era la pareja sentimental de Andrés Felipe Pérez Hoyos, quien junto a su hermano Ramón Emilio fueron acusados de financiar el homicidio del fiscal.
Los hermanos Pérez Hoyos fueron condenados en el 2023 a más de 25 años de cárcel, ya que la Fiscalía logró demostrar que se encargaron de la parte logística y le suministraron el dinero a Francisco Luis Correa Galeano.
Precisamente, Galeano, señalado por ser el cerebro del crimen, firmó un principio de oportunidad en modalidad de inmunidad parcial respecto al delito de homicidio agravado, por el término de un año.
Sin embargo, la Fiscalía ordenó seguir adelante con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en su contra.