El multimillonario proyecto para instalar más de 10 mil puntos digitales en escuelas rurales del país, fue adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, la cual presentó tres pólizas falsas del Banco Itaú como garantías para poder firmar el contrato con el Ministerio de las TIC.
Este vergonzoso hecho se conoció un par de semanas después de que se conociera del tema en el MinTic, cartera que metió las manos al fuego por el proceso de contratación durante mucho tiempo. Y aunque al principio de este escándalo por el presunto fraude se hablaba de una sola póliza falsa que según la firma ganadora se dio de buena fe, ya que supuestamente la compraron por medio de un intermediario, ahora la situación se vuelve más compleja, teniendo en cuenta que no fueron una, ni dos, sino tres pólizas “falsas”.
Cabe recordar que el pasado 25 de junio de 2021, en medio de la audiencia que el ministerio convocó por el presunto incumplimiento en la ejecución del contrato por parte de esta unión temporal, la representante del banco Itaú dio a conocer que la garantía bancaria No. 2020-1156-01002 que presentó Centros Poblados era falsa.
Esta situación llevó a que el proceso se detuviera y se iniciara otro para declarar la caducidad del contrato que finalmente se dio el pasado lunes 19 de julio, y al propio ministerio, viendo que ya se le había salido del cascarón la situación le tocó hacer las respectivas denuncias ante los órganos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República.
Hasta ese entonces solo se hablaba de una sola garantía falsa (la de Cumplimiento general del contrato), pero, luego se confirmó que las garantías presentadas en diciembre del año pasado con números 2020-1156-01001 y 2020-1156-01003 y que respaldaban los ítems de ‘Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo’ y el ‘Pago de Salarios y Prestaciones Sociales’ respectivamente, también son falsas. Estas tres pólizas tienen un valor total de $145.866 millones.
A continuación las pólizas falsas
Póliza No 1
Póliza No 2
Póliza No 3
Con la dimensión de la situación, el Ministerio de las TIC, intentando aplacar los aires y de paso curarse en salud, contrató a la firma SESCOLOMBIA la cual haría una minuciosa revisión de toda la documentación presentada por los contratistas y la administración de riesgos, garantías y seguros, según se ve en el contrato 0187 de 2020 entre el Gobierno y esta empresa.
Cuando se subcontrató a SESCOLOMBIA se le exigió que debía contar con un equipo de profesionales expertos en seguros y gestión de riesgos, pero, ninguno se dio cuenta que las pólizas de Centros Poblados eran falsas. Ahí no terminó semejante descache , tampoco se dieron cuenta al interior del Mintic, en donde tienen una subdirección de gestión contractual que debía estar encargada del tema o el propio supervisor del contrato, el señor Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien era el director de infraestructura y que, casualmente presentó su carta de renuncia horas después de estallar el escándalo.
HABLEMOS DE LA INTERVENTORÍA DEL ‘PROYECTO 10 K’
Otro gran problema de este contrato está en que se logre recuperar los anticipos por $70 mil millones que le dieron a la Unión Temporal Centros Poblados, pese a que en los primeros meses de ejecución del proyecto ya se evidenciaba incumplimientos.
Descabelladamente y de manera increíble los anticipos que le dieron a la Unión Temporal Centros Poblados, Fueron desembolsados después de que de la interventoría del contrato diera un ‘Concepto Favorable’.
¿QUIÉN INFLUYE EN SEMEJANTES CONCEPTOS FAVORABLES?
La interventoría del contrato se la ganó el CONSORCIO PE2020 C DIGITALES integrado por las empresas TELEMEDICIONES SAS, PMO SOLYCOM SAS y EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA. Cuyo valor es de $19.927 millones.
Las anteriores empresas no están exentas de polémicas, un ejemplo, en el caso de Telemediciones se evidencia en su página web que uno de sus clientes es Claro, compañía que ahora debe auditar ya que Claro ganó una parte del contrato de centros digitales, por lo que habría un posible conflicto de intereses. Tremenda Joya.
Esta interventoría fue la que envió los conceptos para aprobar el 10 de febrero de este año, el anticipo por $70.243 millones de pesos, que equivale al 7% del valor del contrato con Centros Poblados.
Para el 20 de mayo de 2021, la interventoría reportó el incumplimiento en las instalaciones de los Centros Digitales por parte de Centros Poblados, para que se diera el respectivo proceso sancionatorio administrativo correspondiente.
Mañana 2 de agosto se cumplen los diez días hábiles que tiene Centros Poblados para recusar la decisión del Gobierno de caducarles el contrato. Aunque MinTic manifestó que haría lo posible para recuperar hasta el último peso.
Una vez termine esta actuación el MinTic continuará ejerciendo las medidas que sean necesarias para asegurar la recuperación del desembolso entregado. Adicional, estando en firme la resolución que decreta la caducidad, el ministerio TIC podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.
¿Qué dice de esto la Ministra de las TIC?